Según ha informado la CES en una nota, el presidente de CECE-Sevilla y secretario general de CECE-Andalucía, Rafael Caamaño, ha presentado ante el Comité Ejecutivo de la CES un detallado informe sobre la situación que viven en estos momentos los centros concertados de la provincia y ha abordado las consecuencias que, con carácter inmediato, tendría la política de la Junta de Andalucía con respecto a la educación concertada y al "cierre de unidades educativas que ofrecen enseñanza en régimen de gratuidad".

En este sentido, ha informado de que han tenido conocimiento de "la propuesta de cierre para este curso de 65 unidades en toda Andalucía, de las cuales 30 se producirán en Sevilla". Según los datos aportados por CECE, en Andalucía la iniciativa "privada social" en educación, que está "obligada por razones políticas a estar por debajo del 20 por ciento del total, no se cumple con lo obligado por la normativa básica de atender a la demanda social, que permita a las familias elegir".

En Sevilla, afirma que la mayoría de los centros afectados imparten la formación profesional en "régimen de gratuidad" y, según CECE, han sido "miles" las solicitudes que han dejado de atender por no contar con suficientes plazas.

Para la CES, es fundamental "exigir a los responsables políticos que consideren la oferta educativa de la iniciativa privada como fundamental a la hora de abordar el sistema educativo y en la confección de los distintos itinerarios". Por este motivo, consideran que es necesario un pacto social por la educación, con la participación de todas las entidades e instituciones sociales al ser un tema que afecta a "todos por igual".

Así las cosas, los empresarios de Sevilla piden a la Administración que "cese en su intento de minorar la enseñanza concertada de iniciativa social" y que tome "las medidas necesarias" para garantizar "el pluralismo educativo, la libertad de empresa y de los padres para elegir centro educativo, así como los proyectos educativos que estén de acuerdo con sus convicciones, religiosas, filosóficas y pedagógicas que establece el artículo 27 de la Constitución española".