La Fiscalía les considera autores de un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público agravado por su revelación a terceros y pide penas de cinco años de cárcel para cada uno de los acusados, además de nueve años de inhabilitación absoluta para el guardia civil implicado.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el cabo acusado en la causa, que estaba destinado en el subsector de Tráfico de la Comandancia de Granada, consultó en febrero de 2012 los datos policiales de personas a las que representaba su compañero, que ejercía como abogado, a través del terminal informático del cuerpo.

Concretamente, consultó el aplicativo policial SIGO, que recoge información de operaciones policiales en curso, a las que no tenía autorización de acceso.

Posteriormente, comunicó los datos por teléfono a su antiguo compañero, que a su vez los remitió por correo electrónico a su cliente, que de este modo pudo conocer su estado policial.

Investigaciones posteriores en la aplicación SIGO permitieron conocer cómo se habrían producido otras consultas en meses anteriores desde el terminal de la Agrupación de Tráfico de Granada para conocer datos policiales vinculados a esta misma persona.

Estas evidencias, que fueron obtenidas en el transcurso de una investigación por blanqueo de capitales impulsada por el Juzgado de Instrucción 2 de Melilla, dio lugar a una pieza separada para investigar estos hechos.