Según los pliegos del contrato, recogidos por Europa Press, se pretende así satisfacer la prestación regular y reglada de un asesoramiento jurídico destinado a los citados colectivos y que precisan orientación en aspectos relacionados como la extranjería, asilo y apatridia para conseguir "su plena integración social, laboral y personal".

Todo ello se realiza a través de los técnicos de los Servicios Sociales Comunitarios y los Servicios de Igualdad, tales como puntos o centros de información de la mujer.

Esta iniciativa se centra en mejorar la situación personal y familiar de los usuarios y el ejercicio de sus derechos y deberes; facilitar la integración social y laboral de los usuarios en su entorno, en el mercado de trabajo y en el entramado relacional en el que vive; así como contribuir a evitar situaciones de marginalidad y exclusión que deriven en "mayores sufrimientos personales y grupales o en conductas asociales".

Para ello, establece como principales acciones el asesoramiento jurídico y social vía telefónica o mediante correo electrónico a los técnicos de los Servicios Sociales Comunitarios y a los Servicios de Igualdad de los municipios.

Además, en caso de ser necesario, se recoge la atención directa y presencial la sede del adjudicatario de las personas inmigrantes, empleadores o cualquier usuario que lo necesite en los asuntos antes mencionados, previa derivación de los técnicos municipales.

Igualmente, se hará seguimiento de expedientes ante instancias administrativas y jurisdiccionales, mientras que se prestará atención por parte de los técnicos de la adjudicataria en el propio municipio en aquellas situaciones que por su especificidad o urgencia así lo requiera.

La metodología de trabajo quedará definida por la centralización de las intervenciones en los Servicios Sociales Comunitarios y en los Servicios de Igualdad de los municipios participantes en el programa como primer punto de detección de las demandas y necesidades. Para la atención directa a los usuarios habrá un protocolo de coordinación entre los servicios municipales y la entidad contratada a fin de que sean recibidos previa derivación desde los primeros.

El área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla homologará y evaluará la calidad del servicio y ejercerá funciones de coordinación. La duración del contrato será de un año, aunque cuenta con la posibilidad de que sea prorrogado.

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