El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Vigo, Xulio Calviño, afirmó hoy en Vigo que el cabo de la Policía Local rechazó la denuncia contra él que la ciudadana boliviana Lizbeth Castro, quien lo acusó de una supuesta agresión y tratamiento racista de la ciudadana boliviana Lizbeth Castro.

Por ello, anunció que estudia emprender acciones legales contra los presuntos agraviados.  

Calviño y el superintendente jefe de la policía se entrevistaron hoy con el agente quien, además de rechazar haber actuado con "actitud chulesca o con racismo", aseguró sentirse "maltratado por los implicados", en referencia a la mujer y su marido, quienes fueron detenidos el pasado 13 de octubre en el bar 'Sol y Luna' por un intento de agresión, amenazas y negarse a facilitar la documentación del local que regentan.  

En declaraciones a Europa Press, el responsable municipal de Seguridad explicó que el agente afirmó estar "absolutamente disgustado" por los hechos de los que se le acusa y esperó que las grabaciones en vídeo efectuadas durante la intervención, motivada por unas denuncias vecinales por ruido, demuestren que no se actuó de manera irregular.

Asimismo, el denunciado aseguró que no tenía ninguna relación anterior con el local ni se ha pasado posteriormente de paisano, tal como sostiene la mujer.  

El día D

Según el responsable de Seguridad, en la intervención del 13 de octubre, el agente "se cuidó muy mucho" de que sus declaraciones no fueran "malinterpretadas" y mantuvo que la intervención policial se debió que "el ruido era intolerable" en el local y la responsable del local "se negaba a bajar el volumen".  

Así, el policía comunicó al edil su intención de recurrir a los abogados del ayuntamiento, puesto que estudia tomar acciones legales por lo ocurrido.

Precisamente, Calviño advirtió de que parece que la actitud "chulesca y maleducada" fue por la otra parte, al tiempo que añadió que "incluso le amenazaron de muerte"

Apoyo policial  

Calviño reiteró hoy su aval a la intervención policial aunque recordó que la denuncia interpuesta por Castro dará lugar a un juicio, por lo que "la resolución judicial irá a misa".

Además, comunicó que el agente, que continúa desempeñando su actividad, "recibió hoy ánimos del superintendente y de sus compañeros".  

Por su parte, la Comisión de Policía, el órgano representativo de las fuerzas de seguridad en el comité de empresa del ayuntamiento, ratificó su apoyo a los policías y resaltó que, en el caso de este local, desde hace varios meses, los ruidos dificultan el descanso del vecindario y que los supuestamente agraviados "eran conocedores de la situación y no la corrigieron".  

  Por ello, reprobaron que se utilice una cuestión "tan seria" como las acusaciones racistas "con el objeto de intentar eludir una situación ilegal", puesto que, según recordaron, el establecimiento tiene licencia de café-bar sin música, y pidieron a los denunciantes que "se alejen de manifestaciones populistas que dañan la imagen de la Policía". 

La otra parte  

Por su parte, la afectada mantiene que las imágenes, que, según ella, "se llevarán al juicio", respaldarán su versión de los hechos por que "en él se ve un empujón", añadió.

También lamentó que el responsable de Seguridad "sólo escuche a los policías". "A mí no me preguntaron cómo fue", aseveró.  

En cuanto a las denuncias por ruido, afirmó que "la policía no dijo nada cuando llegó al bar" y mostró su disposición "a hablar hoy con los vecinos porque nunca dijeron nada o se quejaron".  

Asimismo, afirmó haber recibido una notificación de la Subdelegación del Gobierno por una "falta administrativa por desobediencia" ya que, según la versión policial, ella se negó a facilitar la documentación del establecimiento.

La mujer aseguró que recurrirá la sanción, de 150 euros, y rechazó haberse negado a mostrar los papeles. 

La embajada de Bolivia  

Por su parte, la embajadora de Bolivia en España, María del Carmen Almendras, afirmó hoy, en declaraciones a Europa Press, que hará un "seguimiento" del caso denunciado por Lizbeth Castro, por lo que ha remitido una serie de "notas" a las autoridades gallegas en las que explica que ha tomado conocimiento de los hechos y se ha contacto con la afectada para conocer "de viva voz" la versión de ésta.  

Así, afirmó que se requerirá "información constante" sobre cómo evolucione el caso, al tiempo que mostró su "respeto" a las instituciones judiciales españolas por lo que afirmó "confiar en que se esclarezcan los hechos".

Por ello, abogó por la necesidad de que "en caso de que se hayan cometido excesos, se sancione a los agentes".  

Finalmente, explicó que tanto la Embajada de Bolivia como y el Consulado "coordinarán" sus acciones y "analizarán" la solicitud de la ciudadana, para poner a disposición "toda la colaboración y apoyo que corresponda".

Además, recordó que tanto Lizbeth Castro como su marido, residen legalmente en España y que los organismos diplomáticos están "interesados" en que se esclarezca lo ocurrido.

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