Así, la Fiscalía Anticorrupción en Málaga anunció al Tribunal de la Sección Octava de la Audiencia malagueña el recurso por infracción de ley en los delitos de fraude y cohecho; además de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, según han informado fuentes judiciales.

En dicha sentencia, la Sala absolvió a Roca "de todos los delitos" por los que fue acusado -la Fiscalía Anticorrupción le achacaba fraude, cohecho y contra la ordenación del territorio y el Ayuntamiento añadía malversación-; siendo la primera vez que éste era absuelto. A Muñoz se le absolvió también de fraude y malversación.

El Tribunal sí condenó a otros seis exediles marbellíes por un delito continuado contra la ordenación del territorio, como al exalcalde; imponiendo la misma pena de un año de prisión a Rafael González y Marisa Alcalá; nueve meses de cárcel a Alberto García, Tomás Reñones y José Luis Fernández Garrosa; y 15 meses a Javier Lendínez. A éstos se les impone inhabilitación para el cargo de concejal, de diez años en el caso de Muñoz.

También se condenó a otros cinco acusados, dos de ellos abogados que representaron los intereses económicos de los Connery en Marbella, por delitos fiscales, con penas que oscilan entre los 18 meses y los nueve años y tres meses de prisión. A éstos se les impuso pagar solidariamente 15,9 millones de euros a la Hacienda Pública, respondiendo subsidiaramente empresas que intervinieron en las operaciones.

El juicio comenzó en enero de 2016 y en ese momento eran 18 los procesados, aunque la Fiscalía Anticorrupción en Málaga retiró la acusación para cuatro de ellos, en concreto dos asesores fiscales y dos apoderados, en el trámite de conclusiones finales, con lo que quedaron 14 acusados al final de la vista oral, el pasado mes de junio.

Se consideró probado que la comisión de gobierno aprobó dar licencia de obras al proyecto básico presentado por la entidad By The Sea para la construcción de 72 viviendas y garajes, aunque el permiso "no se ajustaba al planeamiento entonces vigente -Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986-". Posteriormente, "a pesar de los reparos", se resolvió conceder licencia al proyecto básico reformado.

Dichas comisiones de gobierno estaban formadas por Muñoz y los seis exediles, quienes al inicio del juicio mostraron su conformidad con el delito contra la ordenación del territorio y con las penas solicitadas por el ministerio fiscal, por lo que han sido condenados. No así Roca, que fue acusado de un delito contra la ordenación del territorio como inductor.

Para este Tribunal, esa situación de "urbanismo a la carta" y de "concejales en nómina" de Roca "ha quedado huérfana de prueba", apuntando que "dicha prueba ya se desarrolló con profusión en otras causas, pero para otros supuestos y, en nuestro caso, para otros convenios urbanísticos y licencias de obras distintos a los aquí enjuiciados".

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