En este sentido, tras declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba, las citadas fuentes han explicado que Rafael Navas ha mostrado "un mayor grado de conocimiento aparente en los detalles de las distintas contrataciones".

Al respecto, han apuntado que "ha justificado que por motivos de urgencia se tuvo que acudir al contrato menor y no a la figura del procedimiento negociado o abierto, que era lo que hubiera correspondido", a lo que han añadido que "ha querido excusarse en la urgencia e ineficacia de la administración para que se diera curso a los contratos de forma directa".

Además, han señalado que "ha admitido que hubo un mes completo en el que la empresa prestó el servicio sin tener ninguna cobertura jurídica", algo que "también se ha puesto de manifiesto en varios informes de fiscalización de los contratos", a la vez que han indicado que "es cierto que se ingresó el canon de ese mes".

No obstante, han precisado que la empresa del espectáculo en ese momento, EMTE, "no realizó ningún pago hasta septiembre de 2015, según consta en el informe de Intervención, relativos a los contratos menores", de forma que "se adjudicaron los contratos sin que la empresa hubiera abonado el canon que tenía que abonar por cada uno de los meses".

Entretanto, desde la acusación han adelantado que van a pedir más pruebas, entre ellas las declaraciones de varios funcionarios que "suscriben informes que constan en los expedientes", así como que se analice el informe de la Intervención General del Consistorio a tal efecto, que "es bastante esclarecedor", al "cuestionar el procedimiento de todos los contratos denunciados", según la acusación, que ha apostillado que el Ayuntamiento no se ha personado en la causa.

EL INFORME MUNICIPAL

Cabe recordar que el gobierno municipal del Consistorio elevó en mayo de 2016 a la asesoría jurídica el informe de la Intervención General que detecta "una serie de irregularidades" sobre los contratos menores para la adjudicación del espectáculo de luz y sonido del Alcázar de los Reyes Cristianos, durante 2014 y 2015, con la gestión de Rafael Navas.

Según detalló el Consistorio, del informe de Intervención "se desprenden una serie de irregularidades cometidas en la tramitación de los expedientes examinados, que fundamentalmente se centran en la improcedencia de la prórroga del contrato acordada en octubre de 2014, a pesar de que el pliego que regía la contratación le atribuía el carácter de improrrogable".

Igualmente, señala al "posible error en la calificación de los contratos como contratos menores, el fraccionamiento indebido del objeto del contrato y la ausencia total del mismo durante un periodo de un mes completo".

A la luz de todo ello, la Intervención General Municipal concluye que "se ha producido un enriquecimiento injusto del contratista, con el correlativo perjuicio económico para el Ayuntamiento".