Dichos equipos están formados por psicólogos y trabajadores sociales, que atienden a los diferentes juzgados de la ciudad y provincia vallisoletana (Juzgados de Instrucción, Primera Instancia, Penales, Violencia sobre la Mujer, Juzgados de Familia y Audiencia Provincial).

La existencia de una vacante de psicólogo durante más de dos años que aún sigue sin ser cubierta, y que en la actualidad la suplen con peritos privados a través de un convenio con el Colegio Oficial de Psicólogos, es el origen del malestar.

Esta manera de cubrir el servicio no es del agrado de los Jueces de Familia, y la han dejado de utilizar. "Se da la paradoja de que las retribuciones del personal contratado a través de dicho convenio Privado son muy superiores a las del personal de plantilla con todos los años de formación y dedicación", advierte el sindicato, cuyos responsables entienden que la solución pasa por cubrir esta vacante ya con personal temporal contratado como establece el convenio colectivo del personal laboral de la Administración General del Estado hasta su cobertura por personal fijo.

A todo lo anterior, el sindicato suma la falta de reconocimiento de su trabajo por parte del Ministerio de Justicia, teniendo en cuenta la responsabilidad que conlleva el desempeño de sus funciones.

Recuerda también que sus retribuciones salariales son las más bajas de todas las existentes en las Administraciones Públicas, sin ningún tipo de complemento.

Además, estos equipos carecen de una regulación laboral propia, como ocurre con los médicos forenses, profesionales con los que trabajan de manera interdisciplinar, circunstancia que deberá resolverse mediante la tramitación de la mencionada Proposición No de Ley relativa a la regulación de los Equipos Psicosociales de la Administración de Justicia aprobada el pasado día 20 de diciembre de 2016 en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.