Según han informado fuentes judiciales, el juicio ha sido suspendido "por error en la citación" de una de las partes, de manera que se prevé celebrar para finales del mes de julio. Cabe recordar que la Fiscalía ha pedido para los procesados penas de entre tres y dos años de cárcel.

El Ministerio Público recoge en su calificación, consultada por Europa Press, que los hechos ocurrieron sobre las 16,30 horas del día 29 de noviembre de 2006, cuando el afectado estaba trabajando, junto con otros operarios, en la construcción de una promoción de viviendas en la localidad cordobesa de Posadas y un total de 22 largueros metálicos de cuatro metros de largo que estaban atados a una grúa "se soltaron, rebotaron contra el suelo y golpearon al varón".

En concreto, la promotora de la obra contrató a una empresa para la construcción, cuyo representante legal es uno de los acusados, quien subcontrató para realizar la estructura de la obra a otra entidad, cuyo representante legal es el segundo procesado, quien alquiló la grúa causante del siniestro. El conductor de la grúa, también acusado, era "el encargado de atar la carga y de asegurarse que no había ningún trabajador por la zona de carga".

Al respecto, el fiscal detalla que los dos primeros procesados supuestamente incumplieron las funciones que tienen encomendadas, como responsables máximos de las empresas, y en consecuencia, "son los responsables máximos en materia de prevención en riesgos laborales", pero "no adoptaron las medidas necesarias" y existió "una clara y total falta de coordinación entre las empresas, no existiendo un coordinador de la obra en fase de ejecución", a lo que añade que "en el plan de seguridad no existía el documento de aprobación".

Como consecuencia de los hechos, el hombre sufrió distintas lesiones, como un traumatismo craneoencefálico y fracturas en diversas zonas del cuerpo. El tiempo de recuperación fue de unos 560 días, de los 456 estuvo impedido y 110, ingresado en un centro hospitalario. El trabajador sufre "una incapacidad permanente para el ejercicio de sus actividades profesionales y diarias".

SANCIÓN DE INSPECCIÓN DE TRABAJO

Cabe destacar que la Inspección de Trabajo ha propuesto una sanción como infracción grave de las normas de prevención de riesgos a la empresa subcontratada para realizar la estructura de la obra, si bien no ha propuesto ningún tipo de sanción para la empresa que contrató a dicha entidad, al "no observar infracción", según indica el Ministerio Público.

Ante ello, la Fiscalía ha solicitado para cada uno de los dos primeros acusados penas de tres años de prisión, multas de 6.000 euros y tres años de inhabilitación especial para el cargo de administrador de empresas de construcción y coordinadores de seguridad, y para el tercer procesado, dos años de cárcel e inhabilitación para el cargo de gruista durante tres años.

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