Así se lo ha trasladado su presidenta, Mar Arruti, al jefe del Ejecutivo, Miguel Ángel Revilla, en una reunión en la que ambas partes han repasado el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos antes de las últimas elecciones autonómicas y en la que CERMI ha destacado como prioritario que la ley de garantías de derechos de personas con discapacidad llegue al Parlamento regional.

Tras el análisis del cumplimiento de los acuerdos y teniendo en cuenta la colaboración con consejerías y direcciones generales, CERMI ha planteado a Revilla establecer un convenio marco para continuar esta cooperación y seguir trabajando en acciones relacionadas con diferentes circunstancias que afectan a personas con discapacidad.

"Estamos muy contentos con el resultado de la reunión", ha valorado Arruti después del encuentro a los periodistas, a los que Revilla no ha hecho declaraciones porque tiene "anginas". Pero a través de un comunicado de prensa, el presidente cántabro ha mostrado su apoyo a la propuesta de CERMI.

Sobre los cuentas públicas para este ejercicio, la presidenta de CERMI, que ha asistido a la reunión acompañada de otros miembros del comité ejecutivo, ha señalado que, "en principio", se ha consignado una partida de 32.000 euros, y van a estudiar ahora las acciones a desarrollar con dicha cuantía. Además, se mantiene el convenio ya establecido con Servicios Sociales.

Las prioridades del comité son que se lleve al Parlamento la ley de garantías de los derechos de personas con discapacidad, proyecto en el que han colaborando durante 2016 y se está ahora a la espera del correspondiente borrador -se está ultimando- por si hay que modificar o añadir propuestas.

Al mismo tiempo, se sigue avanzando en la normativa de acreditación, que para CERMI es "muy importante", y se continúa trabajando de forma transversal con todas las consejerías del Ejecutivo, en materia de educación, empleo y todas aquellas áreas que pueden afectar a cualquier persona con discapacidad.

COMPROMISOS

En cuanto al grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos, Mar Arruti ha valorado la puesta en marcha de la Comisión especial no permanente sobre discapacidad del Parlamento, mientras que en el resto de promesas se sigue trabajando.

Entre las mismas figura, como ha recordado el Ejecutivo, el desarrollo de un plan para adaptar la legislación cántabra a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, además de medidas para impulsar la economía social y la puesta en marcha una estrategia autonómica para el empleo de discapacitados.

Asimismo, entre los objetivos de legislatura en esta materia figura un plan con áreas específicas de salud mental y enfermedades crónicas, acciones para la inclusión educativa, el acceso a la justicia y el fomento de la autonomía personal en los municipios y la incorporación de la discapacidad en todas las normativas y políticas públicas de forma transversal.