En un comunicado, el equipo de Gobierno asegura que acata la sentencia del Alto Tribunal extremeño pero, al mismo tiempo, destaca que dicha sentencia, "en ningún momento obliga a cambiar la estructura creada en la Diputación Provincial ni tampoco a las personas que ocupan los puestos creados en dicho organigrama y a los que hace referencia la sentencia".

"El Grupo Popular no ha conseguido su objetivo de atacar y hacer daño a determinadas personas ya que lo que la sentencia determina son ciertos detalles que la Diputación tendrá que corregir al entender el Tribunal que ha habido un exceso en la regulación del reglamento por encima de lo que establecen las leyes pero, como se decía anteriormente, no obliga a modificar la estructura de la Diputación", insiste.

Por ello, se pide a los 'populares' que dejen de poner "palos en las ruedas" a la gestión de la institución provincial y comience a trabajar por los pueblos de la provincia, "ya que lo único que está haciendo es judicializar asuntos que en otras administraciones se realizan con normalidad". Una situación con la que, lo único que se está consiguiendo es retrasar las actuaciones previstas para los municipios, según recoge el comunicado.

Desde el Gobierno de Rosario Cordero se reprocha al Grupo Popular las "continuas mentiras" sobre la política de personal actual y le recuerda el "periodo negro" de la Diputación de Cáceres en los años 2011-2015, bajo la presidencia de Laureano León y con Emilio Borrega como diputado de Personal.

En este sentido recuerda que el PP, durante la anterior legislatura, decidió subir las retribuciones a su personal de confianza como al Coordinador Técnico, que es el actual Subdelegado del Gobierno en la provincia, o las diferentes Jefaturas de Servicio. Además, recalca que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) "fue una excusa para premiar a determinados empleados y bajar las retribuciones a la gran mayoría de empleados" y se "incumplieron acuerdos" con los sindicatos como la promoción interna o la carrera profesional.

Igualmente, el actual equipo de Gobierno subraya que los empleados públicos tuvieron que acudir a los tribunales para reclamar el pago de la paga extraordinaria del año 2012, "con el consiguiente pago de intereses judiciales, que supusieron un coste adicional a las arcas provinciales", recoge el comunicado. "El clima laboral estaba roto por la prepotencia y nepotismo con el que gobernaba el Partido Popular en la Diputación", subraya.

Para terminar, el Gobierno provincial socialista enumera algunas sentencias "perdidas" por el anterior equipo de Gobierno del PP como con antiguos jefes de servicio, que supusieron un coste para las arcas municipales de más de 100.000 euros; las secretarias de despacho, con más de 20.000 euros; o empleados públicos con derechos adquiridos, con más de 50.000 euros de coste.

"En total, gracias a la magnífica labor del anterior equipo de Gobierno popular le costaron más de 200,000 euros a los Presupuestos Provinciales, que se quitaron de nuestros pueblos", concluye el comunicado.