El procesado vendió billetes de lotería correspondientes a varias semanas de 2008 por importe de 293.599 euros, que dispuso para usos propios sin proceder a su reintegro en Loterías y Apuestas del Estado.

En 2009, la Dirección General de Loterías y Apuestas del Estado acordó la suspensión temporal de dicha terminal y posteriormente se realizó el inventario provisional, donde se determinó el importe y dinero sustraído.

Para el fiscal, los hechos son constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos, por el que procede imponer la pena de cuatro años de prisión.