El portavoz del PRC, Alfredo Rodríguez Otero, recordó que se trata de una agrupación que está obligado a tener todo ayuntamiento con más de 20.000 habitantes como el de Piélagos que, a pesar de haber alcanzado esta cifra en enero de 2009, ha estado seis años sin crearla.

En este sentido, también se refirió a la obligatoriedad de contar con un servicio de prevención y extinción de incendios y un plan de emergencia municipal, proyectos todos ellos que, según dijo, "vamos a hacer desde el equipo de gobierno (PSOE-PRC) en esta legislatura y tienen un coste económico, que deberemos implementar en los presupuestos".

El portavoz de IU, Rubén Vicente Carrillo, afirmó que "ya era hora" de que Piélagos tenga este servicio "básico", que hace años debía haberse constituido, tanto por el bien de los pueblos y de los propios vecinos, como por el hecho de que "nos obligaba la ley".

En la misma línea, el portavoz de AVIP, Luis Sañudo, consideró "positivo" que Piélagos cumpla con la Ley de Bases de Régimen Local.

ORDENANZA FISCAL GENERAL

La Corporación municipal también acordó, con los votos a favor de PSOE, PRC e IU y de los tres concejales no adscritos -Elba Castanedo, Juan Carlos Martín y Montserrat Luezas- la aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal General y desestimar las alegaciones presentadas por la Agrupación de Ciudadanos en Piélagos y por el PP.

"Lo que nosotros hemos querido es mejorar ese texto, dentro de la capacidad legal que tiene el Ayuntamiento y mejorarlo de cara a las personas que pasan unas situaciones de mayor necesidad", argumentó la portavoz popular, Eva Arranz, en alusión a las alegaciones defendidas por su formación.

Por el contrario, Elba Castanedo acusó al PP de "intentar confundir a los ciudadanos", la misma tesis que defendió Montserrat Luezas, quien aseguró que "se está confundiendo deliberadamente al ciudadano con fines electoralistas" y con una "política de cara a la galería".

En igual sentido se manifestó Juan Carlos Martín quien negó los argumentos de los populares, en base a un informe de la tesorería municipal que, según explicó, pone de manifiesto que el salario mínimo interprofesional es inembargable; que el reglamento de la Ordenanza Fiscal Tributaria no puede obviar una deuda y que las legislaciones superiores a la ordenanza establecen que las cantidades utilizadas para compensar deudas no son subvencionables.

"Se está buscando, como muchas veces en este Ayuntamiento, hacer política general de la excepción, algo que es anti político y se busca también mezclar situaciones de necesidad con deuda tributaria, cuando son cosas que van por cauces distintos", lamentó el portavoz de IU.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Roberto Ruiz Argumosa, aseveró que no admite "lecciones de defensa de los ciudadanos del grupo popular, el mismo que ha provocado el mayor quebranto económico que ha tenido este Ayuntamiento desde que se fundó".

MOCIONES

El Pleno del Ayuntamiento de Piélagos rechazó con los votos de PSOE y PRC y de los tres concejales no adscritos la moción presentada por AVIP para elaborar un estudio de parques y zonas públicas del municipio a cubrir y su coste.

La propuesta contó con la abstención del PP y sólo obtuvo el voto a favor del portavoz de IU, quien definió la medida como "una necesidad básica para las clases populares" y del portavoz de la formación proponente.

La concejala no adscrita Elba Castanedo abogó por hacer una criba de los 33 parques existentes en Piélagos, seleccionando los de localidades con más niños y aquellos en los que técnicamente puede actuarse y hacer un estudio de vialidad de los mismos.

El también concejal no adscrito Juan Carlos Martín rechazó la propuesta de cubrir un parque que, por definición, es al aire libre, al tiempo que calificó de "caro, absurdo e innecesario" hacer un estudio de estas características, mientras que la concejala no adscrita Montserrat Luezas definió la propuesta de AVIP de "precipitada".

Desde el equipo de gobierno, Alfredo Rodríguez Otero explicó que el Ayuntamiento de Torrelavega cubrirá un parque, el primero en Cantabria, que tendrá un coste de 600.000 euros, por lo que se preguntó por la inversión necesaria para actuar en los 33 del municipio de Piélagos.

En la misma línea se expresó Roberto Ruiz Argumosa, quien argumentó que el único planteamiento "razonablemente viable" es estudiar en qué parque o parques "merece la pena hacer el esfuerzo inversor de cubrirlos".

"Decir que esto no es serio y escuchar los argumentos que se escuchan en esta sede la verdad es que es curioso", afirmó Luis Sañudo, quien añadió que es "una cuestión de sentido común y el sentido común se trata de mejorar la calidad de nuestros vecinos".

También fue rechazada por todos los grupos políticos -excepto el proponente- la moción de IU relativa a la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para, entre otras cosas, penalizar las viviendas vacías del municipio, que el propio Rubén Vicente Carrillo calificó de "atrevida".

Elba Castanedo mostró su desacuerdo con dicho punto al entender que, si una familia o un trabajador invierten sus ahorros en la adquisición de una vivienda o bien la reciben de una herencia, los políticos no tienen que gravar la misma.

Juan Carlos Martín reprochó al portavoz de IU que en una misma moción vuelva a mezclar propuestas perfectamente asumibles con otras que no lo son, mientras que Montserrat Luezas le recordó que la Constitución reconoce la propiedad privada, con los límites de la utilidad pública, por lo que le instó a proponer políticas incentivadoras, no que carguen a las personas.

"El hecho de tener una segunda vivienda y no tenerla alquilada no significa nadar en la abundancia, necesariamente", apostilló la edil.

También la portavoz del grupo popular se mostró contraria al texto planteado por IU porque, según expuso, "no se ha tenido en cuenta la Ley de Haciendas Locales, que es la que está marcando cuáles son las características o las condiciones que deben de darse para aplicar una bonificación".

De hecho, apuntó que, "en los puntos que se están planteando aquí, muchos de ellos no se pueden aplicar bonificaciones porque la ley no lo permite". Este argumento fue corroborado por Roberto Ruiz Argumosa, quien recalcó que "el Ayuntamiento no puede regular fuera del ordenamiento jurídico".

Tampoco fue aprobada otra moción de IU sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), encaminada a apoyar el inicio de la actividad empresarial y aquellas actividades que están pasando apuros económicos, entre otras cuestiones.

Dicha propuesta contó con el voto favorable de AVIP, quien defendió que "es una moción que puede ayudar a producir un efecto llamada". Rubén Vicente Carrillo insistió en que su moción no trata de beneficiar "más a unos que a otros", sino de "establecer una fiscalidad justa".