Según ha recordado el Ejecutivo, el contrato fue adjudicado el 2 de julio de 2009, tras el correspondiente concurso público y mediante Resolución de la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras, a una UTE formada por las empresas Ploder Uicesa y Vialobra por importe de 16.769.121,5 euros, IVA no incluido.

Sin embargo, el 11 de marzo de 2010 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la declaración en concurso de acreedores de la empresa Ploder Uicesa, lo que hacía inviable la ejecución de las obras adjudicadas.

La resolución de este contrato está motivada por la necesidad de licitar un nuevo contrato para la ejecución de las obras, en virtud del convenio suscrito por Adif y Puertos del Estado el 27 de abril de 2016.

De este modo, las obras serán ejecutadas por Adif y Puertos del Estado se hará cargo de su financiación por un importe máximo de veinte millones de euros, con cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria. Asimismo, Adif se encargará de adaptar el proyecto a las condiciones y requisitos funcionales actuales de máxima interoperabilidad y operatividad de la infraestructura.