En declaraciones a Europa Press, Domínguez ha mostrado su satisfacción por el sobreseimiento de su causa por parte del TSJCV, aunque ha señalado que desde el momento en que entró en la Comandancia de la Guardia Civil en Patraix (Valencia) para declarar por este asunto "ya he tenido la pena".

"Esto es como un escaparate, para lo bueno y para lo malo", ha manifestado el diputado en referencia a su condición de político, al tiempo que ha manifestado su voluntad de "seguir trabajando para los valencianos".

Preguntado por si se plantea solicitar su vuelta al Grupo Parlamentario Popular en las Corts, ha indicado que "ya veremos". "He hablado con la presidenta hace un rato -en referencia a la dirigente del PPCV, Isabel Bonig- y hemos quedado en que ya hablaremos, ella me ha dicho que tengo las puertas abiertas", ha aseverado el 'popular'. "Veremos como va el Congreso", ha apuntado sobre el cónclave que el PP celebra desde este viernes al domingo en Madrid.

SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL

El TSJCV opta por el sobreseimiento provisional (cabe la reapertura) y no por el sobreseimiento libre (archivo definitivo) porque considera que los hechos descritos en la exposición razonada elevada por el instructor del 'caso Imelsa' tienen apariencia delictiva y no existe certeza de la inexistencia del hecho investigado.

Al tratarse de un sobreseimiento provisional, la causa podría reabrirse si apareciesen nuevos elementos que desvirtuasen las razones en las que se basa el archivo, indicios que "con consistencia o solidez, sirvan de base para determinar la implicación penalmente relevante del aforado en los hechos descritos como constitutivos de delito de blanqueo".

La magistrada instructora estima así la petición del parlamentario regional, investigado por la entrega de 1.000 euros al grupo municipal del PP para la campaña de las elecciones de 2015, y acuerda el sobreseimiento provisional de las diligencias "ante la insuficiencia de los indicios para acreditar la participación" de Domínguez en los hechos investigados, en un operativo diseñado para blanquear dinero mediante la entrega de los 1.000 euros y su devolución en dos billetes de 500 de supuesta procedencia ilícita.

BLANQUEO DE CAPITALES

El pasado mes de octubre la Sala lo Civil y Penal se declaró competente para investigar al parlamentario regional por los hechos descritos por el juez del 'Caso Imelsa', el titular de Instrucción 18, en la exposición razonada elevada al Alto Tribunal Valenciano.

En la misma, el magistrado relacionaba los indicios existentes contra Domínguez en la pieza separada en la que se investiga un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo popular del Ayuntamiento de Valencia cometido mediante las donaciones de 1.000 euros efectuadas por exconcejales, concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.

Aquella decisión del TSJCV se produjo después de que el Tribunal Supremo asumiera la competencia para investigar a la exalcaldesa y senadora Rita Barberá por los mismos hechos. El fallecimiento de Barberá tras su declaración en el TS derivó en el archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal.

El TSJCV se declaró entonces competente para investigar al exconcejal y diputado sólo por los hechos relatados en la exposición razonada, es decir, por el delito de blanqueo de capitales, pese a que el instructor del Caso Imelsa, con posterioridad a la remisión al TSJ de la parte de la causa que afectada a Domínguez, envió al Alto Tribunal el auto por el que amplió a delito electoral los hechos investigados en esa pieza separada.

LOS INDICIOS CONTRA DOMÍNGUEZ

La causa contra Domínguez -que tras abrirse la causa abandonó el grupo popular en las Corts, pasando a no adscritos- tiene su origen en la exposición razonada que el juez del caso Imelsa elevó al TSJ el pasado mes de mayo. El titular de Instrucción 18 de Valencia entendió que habiendo reconocido el exconcejal que realizó el donativo de 1.000 euros por el que están imputados y han sido interrogados todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores que también efectuaron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería "incoherente" no elevar exposición al TSJCV, por ser el único tribunal competente para investigar y, en su caso, juzgar al parlamentario autonómico.

El argumento expuesto por el instructor era idéntico al que utilizó para elevar al Tribunal Supremo la parte de la investigación que afectaba a la ex alcaldesa.

La investigación por delito electoral y blanqueo de capitales en el Ayuntamiento de Valencia es una pieza separada del 'caso Imelsa', en el que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana: Diputación (a través de la empresa Imelsa); Ayuntamiento (a través de la Concejalía de Cultura) y Generalitat (a través de la empresa Ciegsa). La causa, que nació en abril de 2015, está abierta por malversación, fraude en la contratación pública, cohecho, tráfico de influencias, delito electoral y blanqueo.