El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha dicho que el Estado ha decidido embargar 246.559 euros a la entidad soberanista por una multa de la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) relacionada con la Gigaenquesta que hicieron las entidades soberanistas en 2014 --antes del proceso participativo del 9N de ese año-- para preguntar a los ciudadanos como querrían que fuera una Catalunya independiente.

Sànchez ha detallado este jueves que todavía no ha recibido ninguna notificación de la Agencia Tributaria, pero que las empresas que distribuyen material a la ANC "sí que han sido notificadas de que no pueden tener más relación comercial con la entidad hasta que se salde el embargo".

La Aepd multó en 2015 con unos 240.000 euros a la ANC y con unos 200.000 a Òmnium Cultural por considerar que vulneraron las normativas de protección de datos en la Gigaenquesta con sus preguntas a los ciudadanos, entre las que destacaban las prioridades de inversión que debería haber en una Catalunya independiente, las lenguas oficiales y la participación en un referéndum.

Durante la campaña 'Ara és l'hora' anterior al 9-N, miles de voluntarios fueron a domicilios particulares de centenares de municipios para saber si los catalanes estaban o no a favor de la independencia y saber si iban a ir o no a votar.

La ANC recurrió la multa porque defiende que no se vulneró la protección de datos pero "todavía no hay resolución firme", por lo que Sànchez critica que ya se haya procedido al embargo, y lo atribuye a un intento del Estado de debilitar económicamente a la entidad.

"Intentan agotarnos, pero no nos pararán", y está convencido que los catalanes apoyarán solidariamente a la ANC si necesitan recursos económicos para hacer frente a los ataques del Estado, según ha dicho.

Sànchez ha añadido que la Aepd "sólo tiene una quincena de inspectores, pero está constantemente investigando a la ANC", y apunta a que hay más expedientes abiertos.

Fuentes jurídicas han explicado que las entidades recurrieron las multas ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, a la que también pidieron paralizar cautelarmente la multa impuesta por la Aepd.

La sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo rechazó esta medida cautelar, de manera que no se paraliza el pago mientras la Audiencia Nacional estudia si la multa es adecuada.