Una delegación del CES encabezada por su presidente, Germán Barrios, y destacados miembros de CCOO y UGT de Castilla y León, se ha reunido con el presidente del Comité Económico y Social Europeo (CESE), Georges Dassis, en Bruselas.

Barrios también ha informado a Dassis sobre la situación de la minería del carbón en Castilla y León y le ha trasladado las conclusiones de la jornada celebrada en Valladolid sobre el reciente informe del CESE al respecto.

"Desde el CES de Castilla y León consideramos conveniente la necesidad de compatibilizar y garantizar la coherencia entre las políticas de competencia y las políticas de desarrollo regional. Nos preocupa el hecho de que una gran cantidad de empresas deslocalicen sus actividades por razones o motivaciones que no están vinculadas a cuestiones de rentabilidad, productividad o viabilidad económica; sin tener en cuenta que con ello provocan pérdida de puestos de trabajo y dificultades económicas en Castilla y León", han apuntado.

Castilla y León considera "importante" que las empresas que hayan recibido ayudas públicas o que hayan despedido personal, incumpliendo la legislación nacional e internacional, y que hayan procedido a la deslocalización dentro de la Unión Europea, no tengan derecho a obtener ayudas públicas en su nuevo territorio de actividad.

MINERÍA DEL CARBÓN

En cuanto a la minería del carbón, el CES asegura que aún se está "a tiempo de defender los intereses de tantas personas y territorios" y secunda la opinión del CESE sobre que "es preciso un período de transición de entre 25 y 50 años que permita elaborar un plan de apoyo a los territorios que dependan de la producción del carbón para reestructurar su industria".

Dicho dictamen fue presentado por Dumitru Fornea en una jornada celebrada en Valladolid en octubre de 2016 en la sede del CES de Castilla y León, en la que se concluyó que "es necesario establecer diálogos políticos, cívicos y sociales amplios", ya que la transición energética impuesta por la Unión Europea "requiere del acuerdo de todas las partes para poder lograr los cambios exigidos".

"En Castilla y León hay miles de familias que dependen directa o indirectamente de la explotación del carbón, que en cifras del CESE alcanza el millón de personas si se hace extensiva al resto de la Unión Europea, de ahí que sea necesario que todos los agentes implicados alcancen un acuerdo", han añadido.

El CES de Castilla y León entiende que el dictamen del CESE es un "primer paso" para abrir este debate e insta a la negociación entre los diferentes Gobiernos, Bruselas y los interlocutores sociales para "presentar un acuerdo coherente en Europa".