Estas dos se suman a la ya emitida por el mismo tribunal a favor también de la asociación de padres y madres APADEX en el mismo sentido, en contra del decreto del Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara por el que se reducía en un 50 por ciento la carga horaria de la asignatura de Religión en 1º de ESO y en 1º de Bachillerato.

Además, obligaba al alumno que optase por la asignatura de religión, y no así al resto, a tener que escoger "Ética y ciudadanía" y viceversa para completar las 6 horas de asignaturas Específicas e "ignoraba" la normativa nacional (LOMCE) que establece la obligatoriedad de ofertar la asignatura de Religión en 2º de Bachillerato, obviándolo en todo momento, según fuentes del Arzobispado de Mérida-Badajoz.

Los recursos presentados sostenían que tal Decreto era contrario a las leyes del Estado, a los acuerdos entre Santa Sede y Estado Español, y al deseo de la "inmensa mayoría de los padres extremeños que escogen, en uso de su libertad de elección constitucionalmente reconocida, la asignatura de Religión para sus hijos".

En consecuencia, el TSJEx anula el Decreto en los puntos mencionados, entendiendo que esa reducción de las clases de religión que pretendía la Junta de Extremadura era "desproporcionada", pero que su ilegalidad viene además por ser "una medida discriminatoria y contraria" a la ley del Estado.

En este sentido, el abogado Francisco Lamoneda, que ha defendido a las diócesis extremeñas (Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres y Plasencia), a los padres y a los profesores, señala que "cuando se anula una norma, queda vigente la anterior", por lo que esta sentencia se tiene que aplicar ya "salvo que la Junta solicite la suspensión y el Supremo dicte un auto diciendo que mientras tanto se resuelva un posible recurso, quede en suspenso la sentencia del TSJEx".

"De lo contrario, es absolutamente aplicable desde que se solicite la ejecución por parte de los recurrentes, que va a ser inmediato", ha añadido Lamoneda, que ha ofrecido este sábado una rueda de prensa en Badajoz junto al vicario general y secretario general de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, Mateo Blanco Cotano, y al delegado episcopal para la Educación, Manuel García Sánchez, para valorar las sentencias.

De este modo, las diócesis se congratulan de que "con esta sentencia del TSJEx, han quedado reforzados los derechos constitucionales de los padres a la libre elección, el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral conforme a sus convicciones y en general, el respeto a la ley".

También han querido dejar constancia de "su voluntad de diálogo y entendimiento, como han venido haciendo igualmente con anterioridad a dictarse el Decreto anulado".

En este sentido, el vicario general y secretario general de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, Mateo Blanco Cotano, ha manifestado un cierto pesar por haber tenido que llegar a estos extremos en materia de educación, ya que, en otros terrenos, como en la defensa del patrimonio, las relaciones con la Junta son "muy buenas".

"Antes de que saliera el Decreto quisimos dialogar y no quisieron dialogar nada, cuando nosotros tenemos mucho que decir en un asunto que está regulado por un acuerdo internacional entre el Estado español y la Santa Sede, un asunto que afecta a la Iglesia, a los profesores de Religión, donde están detrás los padres, que en una grandísima mayoría solicitan la enseñanza de Religión para sus hijos. Pedimos una entrevista con la consejera y fue un diálogo de sordos, con un papel hecho diciéndonos que eso era lo que había y que si no estábamos de acuerdo que recurriéramos", ha señalado.

Por su parte, el delegado episcopal para la Educación, Manuel García Sánchez, ha manifestado que, con el Decreto de la Junta, "un profesor de religión pierde un tercio de su sueldo, partiendo de la base de que son sueldos muy mediocres porque cobran por horas lectivas y detrás hay muchas familias, hay hipotecas...".

Para Manuel García "no tiene sentido montar una polémica de este tipo" en una región en la que la media de solicitud de religión es del 80 por ciento, y en el caso de Primaria, supera el 90 por ciento. También ha señalado que los profesores propusieron soluciones a la Consejería de Educación, que no hacía "daño" a ninguna asignatura, y que no fueron escuchadas. "Lo intentamos una y otra, y otra vez, y no hubo manera, por eso planteamos el recurso los profesores de religión", ha remarcado.