El PP llevará ante la UE el Pativel por la "inseguridad jurídica" que genera y su "amenaza" para el turismo

  • El presidente del Partido Popular de la provincia de Valencia, Vicente Betoret, ha anunciado que llevarán ante la Unión Europea (UE), a través del grupo parlamentario europeo, el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) por "los errores cartográficos, la ausencia de un informe de sostenibilidad económica, la inseguridad jurídica en la que deja a los vecinos afectados y la amenaza que supone para el turismo valenciano".

Así lo ha manifestado en una reunión mantenida en Oliva (Valencia) con más de 500 afectados de la comarca de La Safor, donde ya se han registrado casi mil alegaciones, junto a la diputada Elisa Díaz y alcaldes y portavoces de la zona.

Según ha explicado Betoret, el Pativel es una "expropiación encubierta", ya que prevé "desclasificaciones de suelo sin que exista una memoria o una valoración de impacto económico". Esto, en la práctica deja en "clara indefensión" a los vecinos afectados y suponen una "intromisión" en las competencias locales, ha asegurado.

Además, ha advertido, "muchos europeos se verán afectados por el plan del Consell, ya que veranean en nuestras playas o son vecinos de nuestras costas, una relación histórica que puede romperse debido a la acción de un Gobierno autonómico que ha improvisado un plan lleno de errores que puede costarnos muy caro" y que podría, a su juicio, vulnerar los derechos fundamentales de los europeos.

COMITÉ DE PETICIONES DE LA UE

En esta línea, el PP provincial acompañará a los afectados que decidan elevar sus quejas al Comité de Peticiones de la Unión Europea, ante un plan que constituye una "conducta fraudulenta" y una "desviación de poder" porque supone "una expropiación de facto o encubierta sin justiprecio ni compensación económica a los propietarios".

Además, considera el partido que "excede el ámbito de acción establecido en la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) ya que desclasifica suelos ya regulados por los PGOU de cada localidad, algo que excede de su competencia, un tema que la UE vigila de cerca".

Betoret ha recalcado que el plan "carece de un estudio de sostenibilidad económica que valore las cuantías indemnizatorias en las que podría incurrir y se hace necesario un informe sobre el impacto económico en cada municipio", además de destacar la necesidad de proteger la costa "de la mejor manera, sin improvisaciones ni errores".

Por ello, "urge que se paralice el plan hasta que se resuelvan los errores cartográficos, se incorpore un informe de sostenibilidad económica y se ejecute el Plan de Participación Ciudadana".

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