Así lo ha señalado a Europa Press la alcaldesa de Albolote, Concepción Ramírez (PSOE), tras reunirse esta mañana con el jefe de la Policía Local y el agente en cuestión para abordar lo sucedido el día anterior, cuando Candel se subió a sus hombros para dirigirse a la multitud que se había concentrado a las puertas del Juzgado de Paz en señal de apoyo.

Minutos antes, el doctor, conocido en las redes sociales como Spiriman, había acudido a un acto de conciliación con el exviceconsejero de Salud tras emprender éste acciones legales contra él por supuestas injurias y calumnias a través de uno de los vídeos que cuelga en las redes sociales.

Según ha relatado el agente, que formaba parte del operativo desplegado en la zona, fue el propio Candel quien le pidió que le aupara y él reaccionó haciéndolo, sin "pensarlo y sin medir las consecuencias", una actitud por la que el policía se encuentra bastante "preocupado" en estos momentos.

Durante la reunión, en la que la regidora ha querido transmitirle un mensaje de tranquilidad, se ha propuesto la apertura de este expediente informativo para que el agente traslade por escrito lo que ya ha manifestado de manera verbal, siguiendo así el trámite establecido. La regidora matiza que es una forma de conocer los hechos y que hasta ahora "no se ha hablado de sanciones" ni "se contemplan por el momento".

El citado acto de conciliación concluyó sin acuerdo, tras ratificarse Candel en sus palabras, por lo que ahora el exviceconsejero de Salud Martín Blanco y la profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública afectada deberán decidir si formalizan una querella contra él, extremo que están valorando, según preciso el miércoles a Europa Press su abogado.

Los hechos giran en torno a unas declaraciones que Candel, conocido en las redes sociales como Spiriman, realizó el pasado 2 de noviembre, a través del portal de Internet Youtube. Lo hizo amparándose en una carta que dijo haber recibido de forma anónima, de la que leyó un párrafo en la que afirmó que el todavía por entonces viceconsejero de Salud y la profesora de la EASP "habían sido imputados por un delito contra el patrimonio", acusación que los demandantes afirman que es "falsa".