El Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago investiga si pudo haber prevaricación, información privilegiada y tráfico de influencias en la adjudicación del mencionado concurso, cuyo montante asciende a 121,6 millones de euros.

Según la documentación judicial a la que ha tenido acceso Europa Press, en el marco de la causa ha declarado en calidad de investigado el técnico responsable de transporte del 061, M.A.M., quien actuó como evaluador de los vehículos durante el proceso. La causa fue declarada compleja ampliando el plazo para instruir diligencias hasta 18 meses y la Policía Judicial trabaja en el caso.

A raíz de esta información, Prado ha pedido explicaciones por esta investigación. La diputada nacionalista ha denunciado en varias iniciativas parlamentarias las "vinculaciones de la empresa adjudicataria", Ambuibérica, "con el PP" y pregunta al Ejecutivo que dirige Alberto Núñez Feijóo "hasta donde está dispuesto a llegar para favorecer a empresas amigas del PP en la adjudicación de concursos públicos de la Xunta".

"REITERADAS DENUNCIAS Y ADVERTENCIAS"

La diputada nacionalista también recuerda que el Bloque ha hecho "reiteradas denuncias y advertencias" sobre este proceso de adjudicación, "a las que, como es habitual, se hicieron oídos sordos". Ahora, "lamentablemente, los temores se hicieron realidad".

Montse Prado ha advertido, además, sobre el hecho de que es "una sola empresa la que está acaparando las adjudicaciones de la Xunta del transporte de ambulancia".

"Prácticamente no queda empresario gallego en el sector de las ambulancias, que está casi en su totalidad en manos de Ambuibérica y, eso, pese a que las relaciones laborales no hicieron más que empeorar al igual que la calidad asistencial", ha abundado la parlamentaria.

ENCUENTRO

Los nacionalistas recuerdan que, a ese respecto, han mantenido un reciente encuentro con responsables sindicales del sector del transporte sanitario de urgencias, en el que "constataron numerosas irregularidades" en la prestación del servicio por parte de la empresa adjudicataria, como por ejemplo "una disponibilidad de efectivos técnicos y humanos por debajo de lo recogido en el pliego de contratación".

Además, en ese encuentro, los profesionales advirtieron de que el Gobierno gallego está llevando a cabo una "modificación normativa" que "permitiría" realizar este tipo de transporte urgente de pacientes a los taxis, "sin que tengan el material adecuado para garantizar unas condiciones higiénicas y sin formación de personal".

Los técnicos de ambulancias tienen que tener una formación de cuatro años, mientras que para hacer el traslado en taxi se limitaría a un cursillo de primeros auxilios, advierte el BNG.