Establecer cláusulas sociales medioambientales en todos los contratos públicos del Ayuntamiento es otro de los ejes de este proyecto que ha sido presentado este martes por el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, y el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Salud y Consumo, Miguel Ángel Fernández Madrid.

El plan, que este miércoles se llevará a la comisión municipal de calidad ambiental como paso previo a su aprobación por el pleno, busca la implicación de la Junta de Andalucía, los municipios del Área Metropolitana, el Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad de Granada. "Queremos que cuente, además, con el apoyo de todos los grupos políticos, las instituciones y la ciudadanía con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los granadinos, que es nuestra prioridad", ha explicado Cuenca.

Entre las medidas concretas que el Consistorio plantea poner en marcha, está un plan de inspección de las calderas de las comunidades para revisar aquellas que puedan generar más emisiones contaminantes y, en su caso, recomendar a sus propietarios un uso más adecuado o incluso su sustitución si se considera necesario.

También con el fin de fomentar el uso del transporte público metropolitano para la conexión con la capital, el plan incluye la implicación del Consorcio Metropolitano para establecer líneas transversales de autobuses o la ubicación de aparcamientos disuasorios de borde con los que se pretende evitar la entrada de vehículos privados en la ciudad.

Tras referirse a la necesidad de la puesta en funcionamiento del metro, "que no debe demorarse más allá del 31 de marzo", el alcalde se ha apuntado otras posibles medidas como la bonificación de las tarifas para los vehículos que produzcan baja o nula contaminación "para que paguen menos los que menos contaminan" o a la implantación de caminos saludables peatonales, especialmente en las zonas escolares.

Cuenca, quien en el pasado mes de noviembre firmaba el Pacto de Alcaldes contra el Cambio Climático en el que se comprometía a reducir un 40 por ciento de las emisiones contaminantes, ha insistido en la necesidad de concienciar a la ciudadanía sobre este problema y, sobre todo, de implicar a todas las administraciones en su resolución.