El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Husein, afirmó este lunes que el veto temporal del presidente de EE UU, Donald Trump, a la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, es "ilegal", "malvado" y desperdicia recursos para la lucha contra el terrorismo.
"La discriminación basada en la nacionalidad únicamente está prohibida por el Derecho Humanitario", señaló Zeid a través de un mensaje en Twitter. Él ha sido hasta el momento el responsable de más alto nivel de las Naciones Unidas en reaccionar directamente al veto de Trump.
"Discrimination on nationality alone is forbidden under #humanrights law" - @UNHumanRights Chief #Zeid pic.twitter.com/EpYpEpyYrf
— UN Human Rights (@UNHumanRights) 30 de enero de 2017
Trump firmó el viernes una orden ejecutiva que suspende el programa de acogida de refugiados durante 120 días, con el fin declarado de revisar el procedimiento que se aplica y evitar la entrada de potenciales terroristas. Además, cierra las puertas del país a la mayoría de refugiados sirios por tiempo indefinido y suspende durante 90 días la obtención de visados en siete países de mayoría musulmana con historial de terrorismo.
Por parte de la ONU, el sábado la Agencia para los Refugiados (Acnur) y la Organización Mundial de la Migración (OIM) pidieron a EE UU que mantenga "su larga tradición" de proteger a los que huyen de conflictos, pero evitaron criticar abiertamente la nueva política de restricción.
Según fuentes de Naciones Unidas, desde octubre pasado, coincidiendo con el inicio del actual año fiscal en Estados Unidos, las autoridades estadounidenses han admitido a 25.600 refugiados. En el año fiscal precedente —de octubre 2015 a septiembre 2016—, EE UU recibió casi 85.000 refugiados, según datos de la Oficina de Población Refugiada de este país.
En los últimos años, EE UU ha sido uno de los países que ha admitido más refugiados para su reasentamiento, junto con Canadá, Australia y los países nórdicos.
Estados Unidos es igualmente el mayor contribuyente de Acnur, que financió con casi 1.500 millones de dólares el año pasado, muy por encima de la Unión Europea (341 millones), Alemania (284 millones) y Japón (164 millones), que le siguen.
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