Jueces federales de otros cuatro estados se han sumado a las autoridades judiciales del estado de Nueva York que prohibió la deportación de los ciudadanos de los siete países de mayoría musulmana incluidos en la orden ejecutiva de Donald Trump.

Magistrados de Massachusetts, Virginia y del estado de Washington han emitido dictámenes entre el sábado y el domingo para impedir nuevas expulsiones siguiendo el ejemplo de la jueza de distrito por Nueva York Ann Donnelly, que actuó tras la demanda presentada por dos iraquíes que habían sido retenidos en el aeropuerto JFK.

El Departamento de Seguridad Interior ha informado este domingo de que cumplirá con las órdenes de los tribunales y al mismo tiempo aplicará la orden ejecutiva de Trump "para garantizar que quienes entran en Estados Unidos no suponen una amenaza para nuestro país o para el pueblo estadounidense".

En numerosas ciudades de todo el país los abogados han trabajado horas y horas durante la noche para ayudar a las personas afectadas por la orden presidencial del pasado viernes y han presentado más de un centenar de demandas.

En Boston, la jueza de distrito Allison Burroughs ha emitido este domingo una orden cautelar por siete días que impide la expulsión de dos iraníes que trabajan impartiendo clases en la Universidad de Massachusetts y que han quedado retenidos en el Aeropuerto Internacional de Logan. La decisión de Burroughs va un poco más allá que la de Donnelly, ya que prohíbe a las autoridades detener y no solo expulsar a personas con la documentación en regla.

El director de la Unión por las Libertades Civiles Estadounidense en Massachusetts, Matthew Segal, ha destacado que la orden de Burroughs supone "una gran victoria para la justicia". "Le hemos dicho al presidente Trump que nos veríamos en los tribunales si ordenaba esta prohibición inconstitucional contra los musulmanes (...). Lo ha intentado, y los tribunales federales de Boston y de todo el país lo han frenado", ha subrayado.

La juez del distrito de Alexandria, Virginia, Leonie Brinkema, emitió anoche una orden judicial que prohíbe al Departamento de Seguridad Interior la expulsión de entre 50 y 60 personas que estaban retenidas en el Aeropuerto Internacional de Dulles pese a tener permiso de residencia. Dulles es uno de los aeropuertos más importantes de la zona de Washington D. C.

La orden de Brinkema exige además al Departamento que facilite la comunicación de los afectados con abogados, ha informado el Centro de Ayuda Legal y Justicia de Virginia, dedicado a prestar asistencia profesional a personas con pocos recursos.

En la costa oeste ha sido el juez de distrito Thomas Zilly, de Seattle quien el sábado prohibió la expulsión de dos individuos que no han sido identificados. Zilly ha programado una nueva vista para el 3 de febrero.

Los fiscales generales de 16 estados norteamericanos han emitido una declaración conjunta en la que condenan la orden ejecutiva que prohíbe el ingreso en Estados Unidos a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.

"Como jefes de los funcionarios legales de más de 130 millones de estadounidenses y residentes extranjeros de nuestros estados, condenamos la inconstitucional y antiestadounidense orden ejecutiva del presidente Trump", señalan los fiscales firmantes, entre los que se cuentan los de California, Nueva York o Pensilvania.

Los fiscales aseguran que van a "trabajar juntos para garantizar que el Gobierno federal obedece la Constitución, respeta nuestra historia como nación de inmigrantes y no ataca ilegalmente a nadie por su país de origen o su religión". Así, defienden que la "libertad religiosa ha sido y siempre será el principio fundacional de nuestro país y ningún presidente puede cambiar esa verdad".

La declaración "aplaude" la decisión de varios tribunales federales que han paralizado la aplicación de la orden ejecutiva y anuncian que utilizarán "todas las herramientas de nuestros cargos para combatir esta orden inconstitucional".

"Confiamos en que la orden ejecutiva será en última instancia derogada por los tribunales. Mientras, vamos a trabajar para garantizar que la menor cantidad de personas posible sufra la caótica situación que ha creado", concluye el texto.

El decreto presidencial suspende durante cuatro meses las concesiones del estatus de refugiado, impone una moratoria provisional a la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y paraliza el Programa de Admisión de Refugiados. Además, fija en 50.000 el máximo de refugiados que acogerá el país en 2017, menos de la mitad de los 117.000 acogidos el año anterior.