En una nota, ha explicado que el citado decreto establece que el Gobierno regula el mecanismo de financiación del coste del bono social, un mecanismo que obliga a la financiación de su coste a todas las comercializadoras de electricidad, en base al número de clientes, con independencia del volumen de energía comercializado.

En este sentido, han indicado que el porcentaje de reparto asignado a Comercializadora Eléctrica de Cádiz S.A. es del 0,217154, "un porcentaje mucho más alto al de otras comercializadoras a nivel nacional con un volumen de energía comercializada muy superior al nuestro como son Gas Natural Comercializadora o Audax Energía, entre otras".

Asimismo, ha calificado de "disparate hacer pagar el bono social en base al número de clientes para las comercializadoras como Eléctrica de Cádiz, que prestan su servicio sobre todo a clientes domésticos".

En este sentido, ha añadido que según las informaciones publicadas, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital cifra el coste anual actual de la cobertura del bono social en 250 millones de euros, en base a estos datos, el importe anual a asumir por comercializadora Eléctrica de Cádiz sería de 542.885 euros, lo cual supondría una caída de los resultados, antes de impuestos, del 55 por ciento aproximadamente.

"Ello nos obligaría, a medio plazo, la subida de las tarifas y la pérdida de competitividad frente a las grandes comercializadoras", han apuntado desde Eléctrica de Cádiz.

Finalmente, Eléctrica de Cádiz ha indicado que ha solicitado un informe jurídico para valorar cómo poner en marcha el bono gaditano en este nuevo contexto y prepara un recurso colectivo, junto con otras comercializadoras, por si finalmente el Real Decreto Ley 7/2016 es convalidado en el Congreso de los Diputados el próximo lunes 30 de enero.