Poco a poco darse de baja de la Iglesia católica está dejando de ser toda una odisea. Los poderes públicos se han puesto las pilas para que los ciudadanos tengan todas las facilidades para apostatar, si así lo desean. De esta forma, en lo que va de año, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha obligado a los obispados de las ocho provincias andaluzas a que anotaran en sus registros la solicitud de apostatar de 16 personas.

Córdoba es la provincia donde se han registrado más peticiones de abandono de la fe católica, con un total de cinco. Por detrás quedan Sevilla, con tres; Almería y Jaén, con dos cada una de ellas, y Cádiz, Granada, Málaga y Huelva, con una solicitud, respectivamente.

Esta política de actuación de la AEPD sigue la misma línea de una sentencia de la Audiencia Nacional que se hizo pública la semana pasada. En esa resolución judicial el tribunal daba la razón a un ciudadano valenciano que no conseguía que sus datos fueran borrados de los archivos de la Iglesia, tal y como era su deseo. 20 minutos intentó ayer sin éxito recabar la opinión de los responsables eclesiásticos en Andalucía sobre este asunto.

Cómo se apostata

Trámites por separado

Todo aquel que pretenda que sus datos dejen de estar en los libros de la Iglesia debe acudir al templo donde fue bautizado y también a la sede de su diócesis. En ambos lugares debe presentar un escrito expresando su deseo de no profesar el catolicismo y fotocopia del DNI.

Esperando una respuesta.

Una vez entregados estos documentos, es el obispado el que comunica por carta si acepta o no la petición. Precisamente, la negativa de las autoridades eclesiásticas a dar su visto bueno a muchas de estas solicitudes ha propiciado la aparición de numerosas demandas judiciales.

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Apelan a la historia

¿Por qué la Iglesia se niega en numerosas ocasiones a aceptar una solicitud de apostasía?

Los obispos se han manifestado en pocas ocasiones sobre este asunto, pero cuando lo han hecho han señalado que los datos contenidos en las partidas bautismales no implican que esa persona profese la religión católica, sino que tienen un carácter puramente histórico. En este sentido, la Audiencia Nacional no obliga en ningún caso a eliminar los datos personales de los ciudadanos que quieren salirse de la fe cristiana, sino que tan sólo insta a que quede constancia de que esa persona ha renunciado formalmente a seguir los preceptos morales pertenecientes a esa creencia.