Así lo ha destacado, en declaraciones a Europa Press el actual alcalde, quien ha explicado que el acuerdo del Pleno, adoptado este lunes, salió adelante con los votos de IU, Olivo, PP y Jóvenes por La Colonia, y el voto en contra del PSOE, aclarando Ruiz que el objetivo de estas denuncias solo es el de "recuperar el dinero de los ciudadanos".

Las demandas, dos a cada exalcalde, se plantean, según ha señalado Ruiz y ha adelantado 'Diario Córdoba', por irregularidades urbanísticas corroboradas por sentencias judiciales, en el caso de Guisado, que fue alcalde entre 1987 y 2003, y por supuestas irregularidades administrativas en contratos municipales, en el caso de Fernández (alcalde entre 2007 y 2015), las cuales, según ha precisado el actual alcalde, todavía no han sido objeto de proceso judicial alguno.

Según ha precisado el alcalde colono, Francisco Javier Ruiz, "el Ayuntamiento está obligado por Ley a reclamar los intereses legales derivados de los dos expedientes de Antonio Guisado", mientras que en el caso de Juan Antonio Fernández las denuncias se deben a la necesidad de "cumplir un acuerdo plenario, por solicitud de los grupos de la oposición y tras un informe de Secretaría".

Los expedientes por los que se denunciará al exalcalde Guisado se remontan al año 2002. El primero, por el que el Consistorio le reclamará 2.260 euros, se refiere a la enajenación de varias parcelas y naves municipales, entre las que se encontraba un solar junto al Juzgado de Paz, que fue permutado con una parcela rústica propiedad de Josefa Téllez mediante un contrato entre ésta y Guisado en enero de 2002, por el que esta vecina abonó una demasía de más de 9.000 euros al Ayuntamiento.

En 2007, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló y dejó sin efecto el citado acuerdo, como consecuencia del incumplimiento de los trámites, requisitos y procedimientos legalmente necesarios.

El segundo expediente por el que se denunciará a Guisado tiene que ver con las supuestas irregularidades de un contrato de compraventa de una nave municipal, en diciembre del 2002, sobre el que recae una sentencia de octubre de 2016 que falla que la nave no era de propiedad municipal y condena al Ayuntamiento a pagar al empresario local José Albalá los 48.080 euros que abonó entonces, más los intereses legales generados desde enero de 2013 hasta que se efectúe el pago. Esta cantidad, que se estima en unos 11.000 euros, es la que se reclamará a Guisado.

En cuanto a los expedientes de Juan Antonio Fernández, uno de ellos tiene que ver con una obra en el edificio municipal del terreno contiguo al Juzgado de Paz, la cual autorizó el exalcalde socialista en el pasado mandato sin la existencia de contrato de adjudicación. Se trata de un contrato de obra menor que firma Fernández por decreto con un presupuesto de 30.000 euros. Al descubrirse la supuesta irregularidad, se paralizó la obra y el Ayuntamiento abonó a la empresa 20.218 euros.

También Fernández contrató a una empresa para que realizara una valoración de los puestos de trabajo del Ayuntamiento, a petición del comité de empresa. Esta labor no se concluyó y ya en el presente se supo que el Ayuntamiento pagó 18.000 de los 21.000 euros del contrato.