Protesta para pedir tratamiento a los pacientes de hepatitis C
Protesta en el Congreso para pedir tratamiento a todos los pacientes de hepatitis C. EFE

Más de 65.000 enfermos de hepatitis C han sido tratados con los fármacos innovadores desde la puesta en marcha del plan estratégico contra la enfermedad, y en el 97% por ciento de los casos estos tratamientos han resultado efectivos.

El secretario general de Sanidad, Javier Castrodeza, ha ofrecido este dato durante su comparecencia en la comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, donde se ha rendido homenaje al doctor Joan Rodés Teixidor, el hepatólogo fallecido que en 2015 lideró el Comité Científico encargado de elaborar el Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C.

Para Castrodeza, este plan, cuyos resultados está analizando, es "un hito" de la décima legislatura por el hecho de haber tratado a 65.252 pacientes desde enero de 2015 al pasado mes de noviembre. De ellos, son 1.215 presos, lo que representa -ha dicho- el 42 % de todos los internos susceptibles de ser tratados según las recomendaciones del plan.

Los pacientes tratados superarían los 51.900 que estaban en 2015 en situación de gravedad e integraban el plan de acción ministerial, pero todavía no llegan todavía a esos 100.000 enfermos susceptibles de ser tratados con los nuevos fármacos, según los hepatólogos españoles.

En el 97% por ciento de los casos estos tratamientos han resultados efectivos El secretario general ha asegurado que para tratar a estos enfermos España ha incorporado a la cartera pública de servicios todas las innovaciones terapéuticas disponibles y autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento, y que para esos tratamientos se han invertido en 2015 más de mil millones, el año pasado alrededor de 600 y se estima que para 2017 unos 200.

Esta cifra, según ha señalado, es muy similar a las que se utilizaba para tratar a los pacientes de la hepatitis C antes de este plan estratégico, aunque entonces "la efectividad terapéutica que se conseguía era claramente inferior". Estas cantidades han sido descendentes cada año, según Castrodeza, por el trabajo de negociación que realiza el Ministerio con los laboratorios sobre precio-volumen, techo de gasto o el riesgo compartido.

La petición de comparecencia de Castrodeza ha sido solicitada por Ciudadanos, cuyo portavoz Francisco Igea, ha asegurado que sólo se ha tratado al 10% por ciento de los reclusos enfermos, lo que y que supone "un incumplimiento flagrante del plan" y "una vergüenza nacional" porque los presos "tienen los mismos derechos" sanitarios que el resto de ciudadanos.

El portavoz de Sanidad del grupo socialista, Jesús María Fernández, ha pedido también que se prioricen los tratamientos para los colectivos de especial riesgo, como la población reclusa y pacientes infectados por VIH o personas sin techo.

Ha reclamado que se renegocien los precios de los medicamentos y que se dé "mayor previsión y rigor en la financiación" y se abra una línea especial para tratamientos innovadores que no suponga un coste añadido para las comunidades autónomas.

En la comisión comparecerá también uno de los miembros del Comité Científico asesor del Plan, el jefe de Gastroenterología del Hospital Ramón y Cajal (Madrid), Agustín Albillos, y el vicepresidente primero de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, Damián Caballero. Esta organización lleva dos años movilizándose para conseguir unos fármacos de altísima efectividad. Este martes familiares de enfermos que no están siendo tratados se han manifestado pidiendo una revisión del plan a las puertas del Congreso.

Inequidad de tratamientos

Los enfermos de hepatitis C han pedido a las puertas del Congreso de los Diputados una revisión urgente del plan estratégico contra la enfermedad porque, en su opinión, ha quedado "obsoleto" y es "insuficiente" al dejar fuera del mismo a algunos enfermos diagnosticados con el virus, los F0 y F1.

Los afectados consideran que el "altísimo precio" establecido por las empresas farmacéuticas para los tratamientos resulta "del todo abusivo e inaceptable y pone en grave riesgo a los modelos de salud pública de todos los países", de ahí que hayan pedido mecanismos que aseguren un "precio razonable" de los medicamentos.

Caballero ha considerado que Sanidad "no ha sabido liderar el proceso de luchar contra la enfermedad", sino que "se ha dedicado a distribuir los fármacos". Y ha dicho al respecto: "Ha actuado como una farmacia -ha continuado-, pero no como un ente que tiene que coger y enfrentarse a una pandemia y una enfermedad y poner los medios suficientes para combatirla, con lo que está evadiendo una de sus responsabilidades".

Las líneas generales del plan, según Caballero, se han incumplido y ello se demuestra, en su opinión, en "la falta de equidad entre comunidades autónomas donde existen todavía afectados en F4, F3 y F2, que no han recibido el tratamiento". Esta "inequidad" se ha dado, incluso, según los enfermos, entre los propios hospitales de una comunidad autónoma y ha alcanzado un grado elevado entre los presos, que "no están recibiendo" los tratamientos en las mismas condiciones que los ciudadanos en libertad.