Tribunales.- A juicio el alcalde de Armilla por la adjudicación de unas obras en una rotonda

  • La Audiencia Provincial de Granada juzgará desde el 27 de marzo y en tres sesiones al alcalde de Armilla (Granada), el socialista Gerardo Sánchez, por los supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en la adjudicación presuntamente irregular de las obras de embellecimiento de una rotonda de acceso a la localidad.

Así lo han señalado a Europa Press fuentes judiciales acerca de este caso en el que el fiscal solicita en su escrito de acusación cuatro años de prisión y dieciséis años de inhabilitación para empleo o cargo público para el regidor y pide las mismas penas para el gerente de la empresa mixta Argimesa y para un trabajador del área municipal de Urbanismo, a los que atribuye los mismos delitos que a Sánchez, según avanza este lunes el diario 'Ideal'.

La causa, que fue archivada por el Juzgado de Instrucción 6 de Granada, fue reabierta a raíz del recurso presentado por el PP de Armilla.

La denuncia inicial partió del propio Ayuntamiento en el periodo en el que fue gobernado por el 'popular' Antonio Ayllón, que acusó a Sánchez de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias, por la ejecución, sin expediente, sin licencia y sin consignación presupuestaria de los trabajos.

En aquel momento, el alcalde sostuvo que su antecesor había hecho pasar por obras de embellecimiento y jardinería unos trabajos que en realidad tuvieron mucho mayor alcance, lo que le permitió saltarse todo el procedimiento administrativo para ponerlas en manos de la empresa municipal mixta Armigesa, responsable, entre otros trabajos, de la jardinería de Armilla.

Según sostuvo el citado Juzgado en el auto que abría de nuevo la causa, el Ayuntamiento, presidido por Sánchez, habría contratado a Armigesa de manera "totalmente ilegal" las obras de embellecimiento de la rotonda situada entre la A-44 y la N-323A por un importe de cerca de 280.000 euros.

Se hizo, según el juez, presuntamente "sin expediente de contratación alguno" pese a ser una obra mayor por su cuantía, que requería un procedimiento abierto y respetar los principios de publicidad y libre concurrencia, sin licencia de obras, y sin consignación presupuestaria, en unos terrenos que "no son propiedad del Ayuntamiento".

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