Es el mismo argumento que esgrimió durante el juicio que sentó a Loureiro el pasado jueves en el banquillo de los acusados en el penal número uno de Lugo junto con otros cuatro concejales que formaban parte de la junta de gobierno en 2009 cuando se concedió el permiso de ampliación de la factoría.

La fiscalía ve la concesión de la licencia como un delito de prevaricación urbanística y pide penas de tres años de prisión, ocho de inhabilitación y más de 7.500 euros de multa para los acusados.

Tras quedar el juicio visto para sentencia, Loureiro ha confesado que se lo toma "con muchísima tranquilidad y confiando en la justicia, con todo el respeto".

"IMPORTANCIA" DE LA FÁBRICA

"Ayer (el jueves) quedaron demostradas muchas cosas por las que hicimos la licencia y todo el fin principal era mantener los puestos de trabajo por lo importante que es la empresa de Vestas para Viveiro", ha manifestado este viernes en comparecencia de prensa.

"Nosotros sabíamos que había una serie de discrepancias porque no era un asunto que quedara claro, hubo muchas reuniones pero en ningún momento dimos la licencia pensando que vulnerábamos la ley", ha incidido.

La alcaldesa de Viveiro ha apelado a la importancia de esta empresa, dedicada a la fabricación de aerogeneradores para los parques eólicos, y ha recordado que el director de la empresa indicó en su comparecencia como testigo durante el juicio que "en ese momento había acabado la producción y que necesitaba ampliar la nave para instalar una nueva máquina y hacer una nueva producción".

"La producción se había acabado en aquel momento y precisaba innovarse sino tenían que cerrar", ha recalcado María Loureiro, quien ha remarcado la "importancia" de Vestas, "con picos de 200 trabajadores, de puestos directos, pero que son 1.000 indirectos"; una muestra, en su opinión, de lo que "representa para Viveiro, para la comarca (A Mariña) y para la provincia de Lugo".