Este grupo ha registrado el pasado 5 de enero una proposición no de ley en este sentido y quiere crear esta comisión de forma urgente para evaluar el impacto de este impuesto en todas las regiones y valorar "el freno que supone para Aragón en materia de inversión", ha explicado Allué en rueda de prensa.

Asimismo, ha aseverado que los aragoneses son "españoles de tercera en materia tributaria" y por eso su partido quiere recuperar los niveles de bonificación de la legislatura pasada, de hasta el 65 por ciento, y después eliminarlo.

En el primer pleno de las Cortes del próximo periodo de sesiones, el PAR preguntará al consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, cuáles serán las consecuencias de la armonización propuesta por la presidenta andaluza, Susana Díaz, en la reciente Conferencia de Presidentes, a la que se ha sumado Lambán con un "cinismo enorme" porque el jefe del Ejecutivo aragonés "ha eliminado de un plumazo las bonificaciones fiscales".

Allué ha emplazado a armonizar este impuesto, dado que hay una gran disparidad entre las Comunidades autónomas. Por ejemplo, por una herencia de 800.000 euros, en Andalucía se pagarían 166.000 euros, en Aragón 155.000, en La Rioja 3.100 y en la Comunidad de Madrid 1.500.

CLARA DESVENTAJA

La diputada del PAR ha urgido a "aligerar la presión fiscal que estamos soportando los aragoneses" en alusión a la "clara desventaja" respecto de otras regiones. Este asunto forma parte del "ADN" del PAR, que siempre ha recomendado que se elimine totalmente, ha comentado.

"Para nosotros este impuesto es completamente injusto" porque "grava doblemente" el mismo patrimonio, al pagar también en vida, lo que supone "un perjuicio grave para muchas familias que lo están pasando mal" y se tienen que ver en la tesitura de renunciar a herencias por no poder pagarlo, produciéndose "situaciones graves", como es el caso de las explotaciones agropecuarias, en las que este impuesto puede convertirse en "una verdadera losa que frena la renovación".

En el caso de Castilla y León, en 2016 se introdujeron mejoras para aplicar una reducción propia de la Comunidad autónoma del 99 por ciento siempre que el causante, en la fecha de fallecimiento, tuviera la condición de agricultor profesional, que la adquisición correspondía al cónyuge, descendientes o adoptados, ascendientes adoptantes o colaterales, por consanguinidad hasta el tercer grado de la persona fallecida y que el adquiriente mantuviera en su patrimonio la explotación durante los cinco años siguientes.

Allué ha alertado de la "fuga de fortunas a otras Comunidades donde el pago del impuesto se ha reducido al mínimo", como es el caso de Madrid, donde se ha rebajado al uno por ciento.

IGUALDAD

La parlamentaria ha apelado al principio de igualdad entre los españoles, que "no se cumple en este caso", y se ha quejado de la subida impositiva acordada por el Gobierno PSOE-CHA en 2016, que borró "de un plumazo" las exenciones.

La parlamentaria aragonesista ha dicho que con la crisis las renuncias se han disparado un 138 por ciento, afirmando que "muchas familias están perdiendo un patrimonio que se han ido ganando y es una injusticia que esto se siga produciendo", lo que le ha llevado a afirmar que ser aragonés es, en materia tributaria, "un auténtico lastre" porque "te posiciona en clara desventaja".