La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, que investiga la adjudicación por parte de la Junta a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, ha reclamado "toda" la información fiscal y los movimientos bancarios de Minorbis y ha pedido a la Intervención General del Estado que elabore un informe pericial sobre la "validez de la normativa" que regula este concurso público.

En una providencia fechada el pasado día 11 de enero, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Patricia Fernández realiza en este sentido un mandamiento a la Agencia Tributaria para que aporte "toda la información fiscal" relativa a las operaciones con terceros y declaraciones de IVA de Minorbis, AMC Mining Iberia y Minera Los Frailes.

Asimismo, y en esta providencia notificada ahora a las partes personadas en el procedimiento, la instructora requiere a tres entidades bancarias -Popular, Sabadell y BBVA- para que informen de "todos los movimientos dinerarios obrantes desde su apertura" en las cuentas de las tres empresas referidas, "con identificación del origen y destino de las transferencias emitidas y recibidas que se hayan registrado" en dichas cuentas desde el 1 de enero de 2013.

La juez, que inicialmente archivó la causa pero que la reabrió por orden de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, acuerda además librar mandamiento a la Seguridad Social para que aporte un listado de "todas las personas que sean o hayan sido empleados" de Minorbis y Minera Los Frailes.

"En orden a completar" la investigación, la juez acuerda asimismo recabar el auxilio judicial de la Intervención General de la Administración del Estado a fin de que elabore un dictamen "completo" sobre la "validez" de la normativa que "regula el concurso público para la adjudicación de las actividades extractivas de explotación de los recursos existentes en la reserva minera de Aznalcóllar".

En concreto, la juez requiere a los técnicos de la Intervención que examinen el decreto-ley 9/2013 de 17 de diciembre por el que se articulan los procedimientos "necesarios" para la reapertura de la mina de Aznalcóllar y la resolución de 13 de enero de 2014 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se convoca el concurso para la adjudicación de los derechos mineros.

Asimismo, la magistrada quiere que los peritos de la Intervención analicen "todo el procedimiento seguido desde la revisión inicial de solicitudes hasta la conformación de las sucesivas fases administrativas, comprendiendo los trabajos desarrollados por la comisión técnica y la mesa de contratación que concluyen con la resolución de la dirección general de Industria de 25 de febrero de 2015", por la que se adjudicó a Minorbis-Grupo México la "preferencia" en las actividades extractivas de explotación en las cuadrículas mineras comprendidas en la zona de Aznalcóllar.

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