Según los datos de un informe elaborado por el sindicato, en Sevilla hay 33.300 personas extranjeras ocupadas en la provincia. El dato es muy inferior al de 2008, cuando esta cifra ascendía a 50.100 personas. Hoy, los trabajadores extranjeros ocupados suponen el 5,1% del total cuando hace nueve años suponían el 6,6% y en 2009 el 7,1%.

Así, Sevilla es la cuarta provincia andaluza en cuanto a población extranjera ocupada, por detrás de Málaga, Almería y Granada.

La mayoría de los trabajadores extranjeros, según CCOO, realizan trabajos precarios y "poco remunerados". Según los datos de alta en la Seguridad Social extraídos del informe de CCOO-A, la agricultura y la pesca son los sectores donde más población extranjera está dada de alta: 6.831 personas. Le siguen el comercio y la reparación de vehículos (4.536 personas), el hogar (4.019) y la hostelería (3.185).

Por el contrario, solo 21 personas extranjeras están dadas de alta en industrias extractivas, 75 en actividades financieras y seguros, 131 en actividades inmobiliarias y 159 en administración pública y defensa.

La tasa de paro de la población extranjera en Sevilla asciende al 32,1 por ciento (frente al 28 por ciento general de la provincia) y sólo el 6,8 por ciento de los contratos que se realizaron a extranjeros en Sevilla el pasado año fueron indefinidos, el porcentaje "más bajo de la década", según CCOO.

Todo ello en una situación de reducción de la población extranjera en Andalucía, donde este colectivo ha perdido 130.433 personas (un 17,5%) entre 2012 y 2016. Esta reducción de la población extranjera se nota también en el número de personas paradas de este colectivo en la provincia de Sevilla, que llegó a ser de 21.700 en 2012 y que en 2015 se quedó en 15.800. Cifras muy lejanas a las de 2007, cuando en la provincia de Sevilla había 7.200 inmigrantes en paro.

Esta situación está provocando, según el secretario de Empleo y Políticas Sociales de CCOO de Sevilla, Sergio Santos, "un uso fraudulento de la mano de obra extranjera por parte de la patronal para aumentar sus beneficios a costa de los derechos laborales y sociales de estas personas y, en muchas ocasiones, de fraude a la Seguridad Social".

Sergio Santos denuncia este "uso de la necesidad para aumentar los beneficios empresariales" y exige a las administraciones "que faciliten el acceso a la información a sus derechos sociolaborales al colectivo de trabajadores extranjeros, que cumplen un papel importante en nuestra sociedad y que son parte de ella".

Al mismo tiempo, el sindicalista ve fundamental "un aumento de la intervención de la Inspección de Trabajo ante el fraude en la contratación que sufren muchos trabajadores y trabajadoras". Asimismo, el secretario de Empleo y Políticas Sociales de CCOO de Sevilla pide "facilitar el acceso de las personas extranjeras a los servicios y la protección social de los que participan como uno más con su financiación y dotación de recursos".

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