Ello supone, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso, la interrupción del plazo de diez días hábiles otorgados por la sala para que las partes procedan, si así lo estiman oportuno, a interponer recurso contra el fallo, algo que está confirmado por el condenado y prácticamente por parte de las víctimas, sobre todo en lo que respecta al aspecto indemnizatorio.

Así, la representación jurídica de dos de las tres víctimas ha expuesto que las mismas barajan un recurso en el que se respete casi todo el fallo, dándose por satisfechas con la condena penal, si bien consideran que las indemnizaciones podrían ser insuficientes por los efectos de los hechos sobre las mujeres.

El montante asciende a un total de 110.000 euros a las tres víctimas -30.000 euros a dos de ellas y 50.000 euros a la profesora que además ha sufrido las lesiones psicológicas-, declarándose responsable civil subsidiaria a la Hispalense.

La US ha decidido suspender de toda actividad académica al catedrático con carácter inmediato, encontrándose entre las medidas cautelares la prohibición de acceder a la Facultad de Ciencias de la Educación, cuyo decano, Juan de Pablos, ha presentado su dimisión por todo lo sucedido.

Tras recibir la sentencia se ha decidido reabrir el procedimiento sancionador contra el citado catedrático, paralizado como consecuencia de la instrucción del procedimiento penal; fue la propia institución universitaria la que inició dicho procedimiento.

La apertura del procedimiento sancionador se acompaña con la suspensión cautelar de toda actividad universitaria al profesor, al tiempo que se le prohíbe acceder al centro.

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