La Fiscalía de Sevilla se ha opuesto este jueves a las cuestiones previas planteadas por los abogados de los diez acusados en el juicio por las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla y ha alegado que ninguna defensa planteó "nunca" en esta causa la supuesta "parcialidad" de la juez Mercedes Alaya durante la instrucción del procedimiento en base a la labor de auditor que su marido llevó a cabo en la lonja.

Durante la segunda sesión del juicio que sigue el Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla, el fiscal Juan Enrique Egocheaga ha puesto de manifiesto que "este tema no es nuevo" porque una defensa ya planteó la recusación de la magistrada, que fue apoyada por la propia Fiscalía y rechazada por la Audiencia Provincial de Sevilla, en la causa del delito societario de Mercasevilla y no en la referente a los suelos de la lonja.

En este sentido, ha aseverado que "en estas actuaciones" referentes a los suelos de Mercasevilla "ninguna de las defensas ha planteado nunca" que la magistrada debiera abstenerse o ha planteado su recusación ni tampoco que ninguna actuación procesal refrendada por medio de auto o providencia "tuviera visos de parcialidad alguna" por parte de la magistrada ahora destinada en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla.

En las cuestiones previas expuestas este pasado martes, varias de las defensas, entre ellas la del ex primer teniente de alcalde y ex portavoz de IU en el Ayuntamiento Antonio Rodrigo Torrijos, plantearon que la causa es "cosa juzgada" por cuanto ya fue archivada por el Juzgado de Instrucción número 10, en una decisión "firme" tras ser confirmada en 2010 por la Audiencia. Esta causa fue abierta tras la denuncia de Larena 98 contra Mercasevilla en relación al concurso público para la adjudicación de la opción de compra sobre los terrenos de la lonja.

ADMITE LA POSIBLE PRESCRIPCIÓN DEL DELITO SOCIETARIO IMPUTADO A TORRIJOS

El representante del Ministerio Público se ha opuesto también a esta cuestión previa alegando que, en agosto del año 2009, la juez Mercedes Alaya elevó una consulta al juez decano sobre la competencia de su Juzgado para investigar los hechos, permitiendo el decano que continuara la instrucción de la causa, una decisión de la que "todas las partes tuvieron conocimiento", a pesar de lo cual "no existe actuación procesal de las partes para discutir ese conflicto de competencias".

A ello se suma, según ha añadido la Fiscalía, que entonces el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla no contaba con el "abundante caudal documental" que sí tenía el Juzgado de Instrucción número 6.

De otro lado, ha rechazado que se hayan producido dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento y, asimismo, ha admitido que el delito societario que la Asociación de Mayoristas de Frutas, Verduras y Hortalizas, personada como acusación particular, atribuye a Torrijos podría haber prescrito.

Asimismo, el Ministerio Público ha vuelto a defender la condición de funcionario público del exdirector general de la lonja Fernando Mellet, una cuestión "que no es nueva", pues en relación al juicio por el cohecho en Mercasevilla ya se pronunciaron la Audiencia Provincial, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Tribunal Supremo concluyendo que la lonja "ejerce una indudable función pública" y tiene un capital "mayoritariamente público".

"NO HAY NI OCULTAMIENTO NI INDEFENSIÓN"

Otra cuestión previa planteada por algunas de las defensas giró en torno a la documentación aportada a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por parte del que fuera director de Mercasevilla, Manuel Blanco, pero la Fiscalía ha recordado que éste último compareció "a petición de los agentes" y que las partes tuvieron conocimiento de todo ello, por lo que "no hay ni ocultamiento ni indefensión".

De su lado, el abogado que ejerce la acusación particular en nombre de la Asociación de Mayoristas de Frutas, Verduras y Hortalizas ha rechazado también que exista "cosa juzgada" y ha recordado que la denuncia de Larena 98 que investigó Instrucción 10 era una denuncia "prospectiva, universal, amplísima e interminable" y ello "conllevó su archivo".

Asimismo, ha defendido que la Asociación que el representa "no es Manos Limpias, ni Ausbanc ni un partido político", sino un conjunto de 100 empresarios cuyo interés "es el mantenimiento" de la empresa, por lo que ha negado que exista ningún "interés mediático ni político".

El abogado que ejerce la acusación en nombre de Mercasevilla, por su parte, se ha adherido a lo manifestado por la Fiscalía y se ha opuesto igualmente a todas las cuestiones previas, resaltando que "no cabe duda alguna del carácter público de Mercasevilla".

MELLET PROTAGONIZA LA ANÉCDOTA DE LA JORNADA

Durante la segunda sesión del juicio, la anécdota la ha protagonizado Fernando Mellet, a quien la juez ha llamado la atención por utilizar su teléfono móvil. "Seamos respetuosos, lleva todo el tiempo" con el teléfono móvil "y no consigo concentrarme", le ha dicho la juez.

La vista oral continuará el próximo martes, a partir de las 10,00 horas, cuando la juez resuelva todas las cuestiones previas planteadas, tras lo que comenzarán en su caso las declaraciones de los acusados en un juicio que podría finalizar a mediados del próximo mes de marzo.

La Fiscalía, cabe recordarlo, atribuye a los diez acusados un delito de fraude y exacciones ilegales, por el que solicita una condena de dos años de prisión, aunque también atribuye un delito de prevaricación a Mellet y al vicepresidente de Sando por el que les pide una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

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