El ministerio público abrió unas diligencias de investigación tras la denuncia presentada por la actual Dirección de la sociedad municipal por si existe delito en el proceso de adquisición de dicho material. Ahora, el fiscal ha decidido remitir directamente el caso al juzgado para que investigue "presuntas irregularidades", según han informado fuentes judiciales.

El consejo de administración de Onda Azul de finales de noviembre aprobó por unanimidad poner en conocimiento de la Fiscalía "todos aquellos expedientes de esta empresa en los que se detecte alguna irregularidad, por si son constitutivos de algún delito".

La adquisición de las cámaras y de las unidades de lentes se realizó en 2015, estando la anterior Dirección, mediante dos expedientes de contratación, debiendo ser entregado el material en un plazo de 30 días. Al constatarse que no había sido suministrado, se decidió resolver el contrato y reclamar la devolución del dinero.

Posteriormente, un informe del secretario municipal alertó "de varias irregularidades" en la compra de las cámaras y lentes que se pagaron y nunca llegaron a Onda Azul, así como en la política de personal realizada.

En concreto, se precisaba que la oferta "debió ser considerada baja desproporcionada al suponer una reducción aproximada del 45 por ciento del presupuesto de licitación" y que la decisión "se adoptó sin las debidas cautelas legales", basándose en "el plazo perentorio esgrimido por la firma para mantener su oferta".

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