Así consta en una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Europa Press, dictada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, que investiga la causa, en la que se señala que el ministerio público solicita el sobreseimiento "toda vez que se avecina el final de la instrucción y no ha quedado suficientemente acreditados los hechos o circunstancias en que se apoyaron las imputaciones" contra estas personas.

En este caso, se investiga una presunta estructura de corrupción municipal "orientada a obtener fondos de distintos promotores y empresarios" para financiar actividades públicas y privadas "de los partidos políticos en coalición" y "enriquecerse personalmente", según se desprende de lo actuado por parte de los investigadores y la Fiscalía Anticorrupción. Una de las fuentes de ingresos "era la infravaloración de los aprovechamientos urbanísticos".

Así, en dicho escrito, se precisan los nombres de las 16 personas para las que se pide que se archive el procedimiento, entre las que se encuentra la que era directora del área de Urbanismo, Patricia Rojo, hija del que fuera presidente del Senado Javier Rojo; el exsecretario municipal José Gustavo Rubio; y el que era responsable de los servicios jurídicos de Urbanismo, Andrés Flores.

Asimismo, también se insta a que queden fuera del procedimiento los familiares de Barrientos que estaban investigados, entre ellos la madre; familiares de otro exedil y el exconcejal del PA y alcalde accidental en su momento, Rafael Montesinos.

En el último mes, se han sucedido en el juzgado las declaraciones ampliatorias de la mayoría de los investigados, entre ellos el propio exalcalde, que fue citado el día 1 de diciembre, por primera vez desde que fue detenido en 2008 y quien, tras su declaración durante diez horas, se mostró satisfecho por haber podido aclarar al juez todo lo que se le había preguntado.

Por otro lado, y tras solicitarlo el ministerio fiscal después de dichas declaraciones de investigados o para "completar actuaciones pendientes acerca de los convenios presuntamente infravalorados", el instructor acordó el pasado mes de diciembre iniciar el procedimiento como investigados contra nuevas personas, en relación con dos convenio urbanísticos.

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