La ley tiene por objeto declarar la "invalidez e ineficacia" de cualquier cláusula que "discrimine o excluya" de determinadas prestaciones y servicios a toda persona "portadora del VIH/Sida o seropositiva", por entender que afecta "al normal ejercicio de los derechos constitucionales y, en particular, al principio de igualdad".

Además, se otorga un año de plazo al Gobierno central para elaborar un proyecto de ley que extienda la aplicación de los principios contenidos en esta norma a otras enfermedades susceptibles de generar los "mismos efectos excluyentes en las relaciones jurídicas".

La ley, de tramitación directa y en lectura única, ha sido impulsada por UPN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos, PSN e Izquierda-Ezkerra.

La presente ley no es sino reproducción de las que el Legislativo Foral aprobó el 24 de marzo de 2011 y el 14 de marzo de 2013. En el primer caso, la Mesa del Congreso de los Diputados declaró caduca la iniciativa al finalizar la legislatura, y en el segundo fue rechazada por la mayoría absoluta del PP, tras la defensa efectuada in situ el 6 de mayo de 2014 por Sergio Sayas (UPN), Roberto Jiménez (PSN) y Bakartxo Ruiz (Bildu).

Los titulares de la iniciativa consideran que en este momento se dan las condiciones necesarias para, dado que la Comunidad foral carece de competencias, recabar por fin el respaldo del Congreso. De ser así, la iniciativa navarra, formulada en el marco del artículo 87.2 de la Constitución, se tramitaría como ley ordinaria.

El artículo 87.2 recoge la posibilidad de que las Asambleas de las Comunidades Autónomas remitan a la Mesa del Congreso una proposición de ley (o soliciten al Gobierno del Estado la adopción de un proyecto de ley), delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros encargados de su defensa.

La designación de los parlamentarios forales encargados de defender ante el Congreso la proposición de ley aprobada este jueves se realizará de conformidad con las normas que dicte la Mesa, previo acuerdo vinculante de la Junta de Portavoces.