La familia Romero (foto) está viviendo los momentos más difíciles que recuerdan, y eso que están hechos a vivir con lo justo. El Obispado de Cádiz los echa de unas tierras que los han visto nacer y que han sustentado a esta humilde familia cordobesa desde 1957.

Cuando se llega a los campos de Las Quemadillas, dentro del término municipal de Córdoba, sorprende tanto la calidad de alguna de sus viviendas como el lujo de los coches aparcados a sus puertas. Pero no es oro todo lo que reluce, entre las familias que tienen esas tierras arrendadas, muchas la usan como segunda vivienda, pero aún quedan vecinos como los Romero, colonos a la antigua, que viven de unas parcelas arrendadas al terrateniente. En este caso, el terrateniente es el Obispado de Cádiz, a través de la Fundación Carolina Montes Bayón (ver apoyo). Allí tienen casa y parcelas arrendadas 13 colonos. El abogado de la diócesis gaditana en Córdoba, Rafael Palma, informa a 20 minutos de que la intención de la institución eclesiástica es no renovar los otra vez contratos de alquiler, que expiraron el pasado 30 de septiembre. El letrado asegura que los colonos fueron informados de esta circunstancia hace ya un año, de modo que deberán ir abandonando las fincas en las próximas semanas. En caso de que no sea así, el representante legal del Obispado de Cádiz afirma que se iniciarán los procesos de desahucio pertinentes.

En el otro lado de este ring están los vecinos. Uno de ellos, que prefiere mantener el anonimato, asegura que «haremos todo lo que esté en nuestra mano para no marcharnos de aquí, ya que muchas familias sólo tienen este sitio para vivir». Los residentes acusan al Obispado de «especular» con estos suelos. Además, señalan que parte de las propiedades ya abandonadas está siendo explotadas por una empresa de extracción de grava del polígono industrial de Las Quemadas.

Colonos con 100 años de historia

Fue hace algo más de un siglo cuando el enclave hoy conocido como Las Quemadillas –en la parte oriental de la ciudad de Córdoba– empezó a ser ocupado por agricultores que alquilaron las fincas a la mujer de origen gaditano Carolina Montes Bayón, su propietaria.

A la muerte de ésta, en la década de los cuarenta, como no tenía descendencia, legó estas propiedades al Obispado de Cádiz. Sólo puso dos condiciones: que los beneficios de la explotación de estas tierras se destinaran al mantenimiento de un orfanato en Chiclana y a la compra de flores para su tumba cada año. Ahora, la Iglesia quiere acabar con sus últimos colonos.