Si bien la instrucción del caso incluye "el eventual sobrecoste" de este contrato adjudicado en 2010 a una empresa de la que forma parte como cotitular la mencionada militante socialista, fuentes de la defensa del primer edil han manifestado a Europa Press que ante la juez instructora, Diego Manuel Agüera habría defendido que al concurso promovido para la compra de los carros de basurero y el equipo de baldeo móvil concurrieron tres empresas, -dos de ellas del propio municipio-, y el contrato fue finalmente adjudicado a la oferta "más ventajosa económicamente", es decir "a la más barata".

Según tales fuentes, el alcalde habría explicado que merced a los pliegos del concurso, "entregados" al juzgado en el marco de la investigación, la mesa de contratación del Ayuntamiento de La Algaba, conformada por dos funcionarios habilitados nacionales y presidida por el propio primer edil, habría propuesto la adjudicación del contrato a la citada empresa, perteneciente a las hermanas Elisa Isabel y Dolores Fátima Cano Gallardo, extremo finalmente "ratificado" en el seno de la junta local de gobierno.

CONTRATACIÓN "PERFECTA"

En ese sentido, habría defendido que el procedimiento de contratación fue acometido "perfectamente", o sea conforme a derecho, exponiendo que si en la documentación median dos facturas por el mismo concepto, fue porque la primera hubo de ser anulada por una incidencia contable relativa a la fecha de la emisión a finales de diciembre de 2010 y el hecho de que el pago del contrato fue acometido ya a comienzos de 2011. Según el primer edil, la factura inicial fue "anulada" y fue emitida una nueva factura, ya con fecha de 2011, para facilitar el pago, toda vez que sólo hubo un abono del concepto y la maquinaría comprada fue "entregada" por la empresa y "recepcionada" por el Ayuntamiento.

Elisa Isabel Cano Gallardo, según la defensa del alcalde, habría defendido de su lado que la conversación grabada en la que Diego Manuel Agüera expone que adjudicó al padre de esta mujer un contrato municipal porque a él le salió "de la polla", pues en La Algaba "se está a los pies del PSOE", según palabras del primer edil contenidas en dicha grabación, se encuadra en una "discusión entre compañeros" de partido. Esta mujer, según tales fuentes, habría manifestado que fue el exalcalde de La Algaba José Luis Vega (IU-CA), en prisión por un delito de cohecho, quien junto a su ex marido le "indujo" a realizar la citada grabación.

Según habría expuesto, la grabación le habría sido "sustraída" por "terceras personas" y fue "hecha pública sin su autorización", al objeto de "tergiversar". En cualquier caso, después de ser suspendida en tres ocasiones previas, el Juzgado de Instrucción número tres ha consumado al fin esta tanda de comparecencias, tomando declaración como investigados por posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a Diego Manuel Agüera, el dirigente socialista y coordinador de recursos y proyectos del Ayuntamiento Fernando Tirado Díaz y las hermanas Elisa Isabel y Dolores Fátima Cano Gallardo.

MÁS COSTES PARA EL AYUNTAMIENTO

Según la juez instructora, de los términos de la investigación efectuada por la UCO "se desprende que dicha contratación (de 2010) pudo hacerse con fines de enriquecimiento de la empresa" de la que eran titulares las hermanas investigadas, "tras haberlo ofrecido verbalmente (el alcalde) al padre de éstas, aún suponiendo ello mayor coste para el Ayuntamiento tal y como se desprende de determinados extremos de la grabación" que dio inicio a la causa.

En el auto en el que la juez Patricia Fernández Franco cita como investigado al alcalde de La Algaba y al resto de imputados, se señala entre otros aspectos "la inmediatez con la que se amplía el objeto social" de la empresa Materiales de Construcción Romecan S.L., las "irregularidades en la entrega de los carros, la falta de justificación y contradicciones de quienes han declarado hasta la fecha sobre el número de unidades realmente entregadas y el eventual sobrecoste vinculado a esta operación".

Para la juez, la operación, siempre presuntamente, "pudo generar un perjuicio para las arcas públicas, teniendo en cuenta que la adquisición de hizo con fondos procedentes de una subvención de la Diputación Provincial y que, a día de hoy, no consta de forma fidedigna si los carros llegaron a entregarse en su totalidad o no".

"A LOS PIES DEL PSOE"

En la conversación grabada y elevada a los juzgados, de cualquier modo, el alcalde de La Algaba trasladaba a una empleada municipal y militante socialista que en ese municipio "se está a los pies del PSOE", señalando que el Ayuntamiento adjudicó al padre de esta mujer un contrato municipal porque a él le salió "de la polla", porque había "más de 40 empresas" pujando por dicho contrato.

De su lado, el alcalde ya reconoció a Europa Press ser el autor de las declaraciones grabadas sobre las que se sustenta la investigación, pero las encuadró en una conversación derivada de un conflicto político con el entonces marido de la militante, asegurando que todas las contrataciones municipales están "bajo el paraguas de la legalidad", mostrando su "arrepentimiento" y pidiendo "perdón" por sus palabras.

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