El Ministerio Público sostiene que el acusado trabajó como Jefe de Proyectos de Ingeniería para una empresa desde el 15 de octubre de 2010 hasta el 5 diciembre de 2014, fecha en la que fue despedido al constarse que, en ese tiempo, utilizó para fines personales las tarjetas de crédito que la empresa había puesto a su disposición para gastos de trabajo. El importe de los cargos no autorizados ascendió a 28.040,31 euros. Asimismo, recibió en efectivo 428,71 euros y 2.014,28 dólares, que también hizo suyos sin justificación.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de apropiación indebida. Además de la pena de prisión la Fiscalía solicita la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, abono de las costas procesales y pago de una indemnización a la empresa perjudicada de 28.469,02 euros, junto con la cantidad que se acredite en ejecución de sentencia por el valor al cambio de los 2.014,28 dólares, todo ello más los intereses legales.

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