En la denuncia, Gullart mantiene que en el convenio firmado por el Ayuntamiento y los propietarios del palacio en 2014 para derribar una parte del mismo y construir unas viviendas, el Ayuntamiento reconoce, sin contraprestación alguna, que los propietarios tendrán derecho de responsabilidad patrimonial si no se modifica el PGOU en los términos establecidos en el convenio.

Para Santoñeses, este acuerdo carece de los motivos, causas y fines de interés público a que obliga la ley del Suelo de Cantabria y, en su opinión, resulta "notoriamente lesivo y oneroso para los intereses del Ayuntamiento".

"Todo son obligaciones para el consistorio, todo es reconocimiento de derechos para los propietarios", censura.

Para el edil de Santoñeses, la inexistencia de contraprestación al Ayuntamiento a cambio del reconocimiento a los propietarios de semejante cartera de derechos, edificatorios e indemnizatorios "atenta contra la más elemental regla de contratación y constituye no sólo un claro indicio de prevaricación sino también de malversación de caudales públicos".

"El Ayuntamiento no necesita suscribir convenios con ningún particular para tramitar una modificación del PGOU, pues el pleno municipal tiene competencias exclusivas en esta materia. Sobre todo cuando el Ayuntamiento no gana nada con dicho convenio", expone.

Por otra parte, el edil de Santoñeses sostiene que dicho convenio urbanístico, en el que, a su juicio, el Ayuntamiento "regala" indemnizaciones y derechos edificatorios, está "plagado de ilegalidades".

Además, Santoñeses informa de que la Fiscalía también ha abierto diligencias por una segunda denuncia ante la supuesta inacción de las autoridades competentes (Ayuntamiento y Consejería de Cultura) tras el derrumbe del tejado del edificio, ocurrido el pasado 9 de

mayo.

Santoñeses insta a que se adopten las medidas cautelares que correspondan para evitar el colapso final del edificio.