La edil popular Carmen Carrón se ha referido, de esta forma, a los dos días que la OTA no sancionará las infracciones en el aparcamiento vigilado, debido a la implantación del nuevo modelo de OTA que funcionará a partir del próximo lunes.

Carrón ha señalado que "el cálculo del Ayuntamiento para 2017 es obtener 10 millones de euros durante el próximo año por el pago por aparcamiento y 8,1 millones en concepto de multas", pero "si el servicio está a medio gas estos días y los vigilantes no tienen posibilidad de tramitar sanciones, habrá que preguntarse cuánto es el dinero que el Ayuntamiento dejará de recaudar y quién lo va a pagar".

Por ello, ha solicitado la comparecencia de Alfonso Gil para que explique "los problemas surgidos y las consecuencias que vaya a haber, económicas o de otro tipo, por el desgobierno de la OTA de estos días", debido a que, desde este pasado jueves hasta el sábado el servicio de ETA "se encuentra fuera de juego en los 584 parquímetros repartidos por la ciudad".

A juicio de Carrón, el cambio estructural del sistema de la OTA en Bilbao "está trayendo, de momento, más problemas que mejoras". "Los cambios en el sistema OTA diseñados por el Gobierno Aburto de PNV y PSE y por el concejal Gil han empezado con mal pie, con el pie izquierdo", ha denunciado. "Esperamos que no se cumpla el dicho de que lo que mal empieza, mal acaba, pero el gran proyecto de Alfonso Gil y del Gobierno Aburto de cambiar el sistema de la OTA en Bilbao está resultando un fiasco de momento", ha añadido.

La edil del PP ha considerado que, por parte del Gobierno municipal y del Área que dirige Gil, "o ha habido mala planificación o lo que ha habido, que quizás es peor, es una ocultación intencionada a los grupos políticos de los problemas que están afectando al control de la rotación y al pago de multas durante tres días".

Carrón ha insistido en que "el cambio de sistema OTA en Bilbao solo está dando problemas y eso que es uno de los grandes proyectos de los que presume este gobierno municipal".

Según ha recordado, "primero fue el cambio de empresa adjudicataria del servicio que ha ocasionado que la concesión del contrato se encuentre en los juzgados de lo contencioso a expensas de una resolución judicial, y, ahora, vemos cómo la mala planificación o la chapuza del equipo de gobierno deja al servicio a medias durante tres días, con el perjuicio económico que pueda ocasionarse, puesto que con el cambio de sistema ahora es el Ayuntamiento quien recauda por aparcamiento y por multas".