El órgano de gobierno de los jueces españoles, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha aprobado destinar a un juez en comisión de servicio (o sea, temporalmente) como refuerzo para el Juzgado de Instrucción número Cinco de Marbella. Se trata de una medida excepcional en la justicia española.

El magistrado titular de la sala, Óscar Pérez, investiga los casos Malaya (corruptelas municipales en Marbella) y Ballena Blanca (blanqueo de capitales en la Costa del Sol).

La incorporación de un ayudante se justifica en la envergadura y complejidad de estas operaciones (sólo en el Malaya hay 86 procesados y la Audiencia provincial ha advertido de que el juicio no podrá celebrarse en la recién estrenada Ciudad de la Justicia, porque no hay sala para tantos encausados; una alternativa, el Palacio de Ferias.

La estancia del nuevo juez en Marbella podrá renovarse cada seis meses. El Juzgado número Cinco se ha venido encargando hasta ahora de los casos de violencia de género.

El CGPJ no precisó si el refuerzo se encargará de los asuntos relacionados con la mujer o ayudará a Pérez en las pesquisas de Malaya y Ballena Blanca.

Como el juez Torres

El nuevo juez de Marbella se incorporará inminentemente, según fuentes judiciales. Estará en las mismas condiciones que el magistrado Miguel Ángel Torres. Él dirigió las investigaciones de Ballena Blanca y Malaya encontrándose en comisión de servicio, lo que obligó al CGPJ a prorrogar su estancia en dos ocasiones (julio de 2006 y febrero de este año).

El pasado 31 de julio, Torres entregó estos sumarios  a Pérez para incorporarse a la plaza que tiene asignada en un juzgado granadino. Según él mismo reconoció, los dos macrocasos le cambiaron la vida «indudablemente», sobre todo, Malaya. De carácter prudente y discreto, Torres huye de periodistas y cámaras. Tiene sólo 35 años.

No a querellas contra Torres

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado las querellas presentadas por los empresarios Óscar y José Luis Benavente, procesados en el caso Malaya, contra el juez Torres. Los demandantes consideraban que el magistrado cometió un delito contra la libertad individual y otro de prevaricación por retenerlos demasiado tiempo antes de tomarles declaración. El TSJA señala que ni la Policía ni el juez transgredieron los plazos legales y que Torres tenía tanto trabajo que no pudo tomarles declaración antes.