Durante la vista oral en la Sección Segunda el Ministerio Público tiene previsto solicitar siete años de prisión al agente por un delito de estafa, al entender que se habría aprovechado de su credibilidad por ser miembro de la Guardia Civil, y por otro de amenazas, al considerar que amedrentó a la víctima con hacerle una "inspección" y "cerrar" su empresa si se negaba a participar de los servicios supuestamente contratados.

El escrito provisional, consultado por Europa Press, detalla que el agente y el segundo acusado, para el que se piden tres años de prisión, se personaron a finales de 2011 en la empresa de la víctima, a la que "hicieron creer" que eran intermediarios de estudio de ingeniería de cara a contratar servicios para adecuar su empresa a la nueva normativa ambiental que, desde ese año, afectaba a las empresas de chatarra.

En este sentido, el agente habría señalado ante la víctima que "por los contactos y amistades que tenía" en la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía "agilizaría" los trámites para conseguir la adaptación del negocio.

Ante tal ofrecimiento, la víctima anuló el contrato que ya tenía concertado con otra entidad para tal fin y entregó seis cheques al portador para iniciar los trámites, por un valor conjunto de 31.200 euros, entre diciembre de 2011 y febrero del año siguiente. También realizó dos pagos en efectivo de 1.689 euros, otro de 10.000 euros y otro de 3.000 euros más, todo ello de acuerdo con el escrito del Ministerio Público.

El fiscal recoge los desembolsos de cantidades efectuadas por el empresario a lo largo de todo el año, incluidos los 1.900 euros por dos denuncias que recibió del Seprona y los 11.997 euros con los que el principal acusado pidió que aportara para avalar a su compinche en la compra de unos plásticos destinados a la agricultura.

Según la acusación pública, las cantidades y cheques aportados por la víctima fueron cobrados por los acusados personalmente o mediante terceros y aportados a su patrimonio, a pesar de que llegaron a acudir al estudio de ingeniería para encargar los proyectos de las chatarrerías, que no se llegaron a abonar.

Finalmente fue el propio estudio de ingeniería el que puso en conocimiento de la víctima el impago de las facturas, lo que motivó una reunión entre todas las partes en la que el perjudicado se negó a seguir con la relación, momento en el que recibió las supuestas amenazas del guardia civil, para quien también se solicita el pago de una multa de once meses a razón de 12 euros diarios.

La Fiscalía interesa también el pago en concepto de responsabilidad civil de los 61.476,44 euros desembolsados por el empresario, a quien en abril de 2013 le clausuraron una de las tres chatarrerías por no haberse llevado a cabo los trámites para adaptarse a la normativa ambiental.