La declaración se celebrará en próximos días, previsiblemente el viernes, en el Juzgado de Instrucción número 8, todo ello después de que Menacho, a quien JSA pidió la dimisión, haya abandonado los juzgados acompañado de su madre, la presidenta de la Fundación Guadalquivir Futuro, Ángeles Muñoz.

En concreto, la citación se ha producido tras la denuncia de dos empleados contratados que ya han declarado ante la juez que tuvieron que pagar una mordida de 500 euros si querían ocupar el puesto de trabajo que financiaba la Junta de Andalucía mediante un sistema de ayudas finalistas, según ha adelantado el diario 'ABC', y del que presuntamente se beneficiaron, además de la citada entidad, la Fundación Guadalquivir Futuro y Nuevo Guadalquivir, todas ellas de la zona sur de la capital.

En este sentido, por el momento solo se encuentra investigado Menacho, al referirse la denuncia de los dos trabajadores a la convocatoria del plan 'Emple@' del año 2014, con trabajos que se llevaron a cabo en el primer semestre de 2015.

Por otra parte, el grupo parlamentario de Podemos presentó una segunda denuncia, que incluye a todas las organizaciones perceptoras de recursos públicos y que supuestamente usaron la práctica de retener parte de los ingresos. La responsable judicial de la investigación ya ha pedido a la Junta de Andalucía que le traslade toda la documentación relativa a Jóvenes hacia el futuro relativa a las anualidades de 2015 y 2016.

Además, según han detallado a Europa Press fuentes judiciales, la juez prevé llamar a declarar en primer lugar a los denunciantes de Podemos y posteriormente al propio Cristian Menacho, y los gestores Ángeles Muñoz y Alejandra Pérez, denunciados por el citado grupo, todo ello en fase de instrucción sin estar investigados por ahora.

INVESTIGACIÓN DE LA JUNTA

Cabe recordar que la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta realizó una investigación a instancias de la Inspección de Trabajo, que elaboró un informe de actuación sobre las tres entidades, en el que concluye que parte de la subvención recibida se ha destinado a un fin diferente al que marca la normativa: sufragar salarios de los trabajadores beneficiados y seguros sociales.

De este modo, el consejero del ramo, José Sánchez Maldonado, explicó que las tres fundaciones han sido sancionadas con un total de 46.251 euros por irregularidades, y tendrán además que reintegrar un total de 304.905,99 euros de las subvenciones a las que se acogieron.

Mientras tanto, los trabajadores de la convocatoria de 2015 intentan que se les devuelva el importe de las mordidas, hasta ahora sin éxito. De hecho, este lunes ha tenido lugar el acto de conciliación previo a la interposición de un contencioso por la vía social y la empresa se negó a reconocer los hechos y aseguró que no tiene nada que devolver a los antiguos empleados que pagaron parte de sus salarios.