El presidente de la Diputación de Sevilla y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha defendido que gracias a una propuesta o "adenda" de la citada organización regional, "ningún ayuntamiento" andaluz quedará ahora excluido de las convocatorias de las diputaciones para planes de inversión, actividades o servicios municipales, por tener pendientes deudas con la Hacienda pública o la Seguridad Social.

En una entrevista con Europa Press, Fernando Rodríguez Villalobos ha señalado una reciente reivindicación elevada por la FAMP al Parlamento de Andalucía, para solucionar la situación de los ayuntamientos excluidos de las convocatorias que realizan las diputaciones para planes de inversión, actividades o servicios municipales, al arrastrar deudas con la Hacienda pública o la Seguridad Social.

Villalobos, en ese sentido, había alertado ya "del sentir de muchísimos alcaldes y alcaldesas que ven cómo por no tener resueltas sus ayuntamientos las deudas con Hacienda o Seguridad Social, se les impide acceder a partidas de inversión, programas de servicio o actividades concretas que organizan las diputaciones en su cometido de asistir a los municipios".

"Ese impedimento de que los Ayuntamientos accedan a determinados programas por no estar al día en sus obligaciones tributarias repercute de forma negativa en los vecinos y vecinas de las localidades afectadas", recordaba al respecto el presidente de la Diputación de Sevilla y de la FAMP, exponiendo que en caso de la citada provincia, por ejemplo, algunos municipios no han podido acceder a las subvenciones del Plan Supera, que reinvierte en actuaciones municipales los excedentes de presupuestarios de la Diputación de Sevilla, porque no estaban al corriente de sus obligaciones con Hacienda o la Seguridad Social.

Dado el caso, la FAMP había propuesto una adición al artículo 13 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula), según la cual, textualmente, "a las entidades locales que sean destinatarias y se incluyan como beneficiarias en planes y programas provinciales que tengan por objeto la cooperación o asistencia económica de las diputaciones a las inversiones, actividades y servicios municipales, no se les exigirá estar al corriente en sus obligaciones tributarias con cualquier Administración o con la Seguridad Social".

QUE NO SE QUEDEN "FUERA"

Dicha propuesta, según resume Villalobos, está destinada a que "ningún ayuntamiento pueda quedarse fuera de las convocatorias que realizan las diputaciones para poner en marcha planes de inversión, actividades o servicios municipales".

Al respecto, ha señalado la reciente aprobación en el seno del Parlamento de Andalucía, del proyecto presupuestario de la Junta para el actual ejercicio 2017, dotado con un total de 33.239,5 millones de euros, exponiendo que al recoger "expresamente" la mencionada "adenda", conforme a la "cierta autonomía" de la que goza Andalucía en materia de administraciones locales, "ningún ayuntamiento se quedará ahora sin acceder a convocatorias y subvenciones por ese motivo".

Además, ha señalado la reciente firma entre la FAMP, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y agentes sociales como la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), los sindicatos CCOO-A y UGT-A o el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, del documento titulado "compromiso con la reactivación económica y el crecimiento sostenible mediante el impulso y puesta en valor de un decálogo de medidas para la agilización y simplificación del procedimiento de aprobación del planeamiento urbanístico y la flexibilización del proceso de planificación".

"FLEXIBILIZAR" LOS TRÁMITES

Entre este decálogo de medidas figura una reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y al respecto, Fernando Rodríguez Villalobos ha expuesto que el objetivo de esta iniciativa promovida por el Gobierno de la Junta de Andalucía no es otro que "flexibilizar" de manera controlada los trámites urbanísticos, para evitar que "una empresa, negocio o proyecto se pase años paralizado

a la espera de los trámites administrativos".

Se trata, según expone, de que "los empresarios puedan construir y posteriormente presentar la documentación pertinente y las exigencias", con el conocimiento de las medidas que afrontarían en caso "de no hacerlo conforme a la Ley". "Los empresarios son los más interesados en que los trámites se flexibilicen y desde la CEA nos han felicitado", ha enfatizado.