El juez estima la petición del fiscal y amplía de seis a 18 meses el plazo máximo de la instrucción para que puedan concluirse los informes periciales arquitectónicos relacionados con la adjudicación de los contratos supuestamente amañados, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

En su auto, el magistrado considera que la instrucción de esta pieza separada, en la que hay 12 investigados por presuntos delitos de cohecho y prevaricación, está condicionada al resultado de estas periciales, que son "múltiples y requieren el examen de abundante documentación".

FEBRERO DE 2018

Con la declaración de causa compleja, a la que se opusieron algunos investigados, el juzgado establece el 12 de febrero de 2018 como fecha límite para concluir la instrucción en esta pieza separada.

La pieza separada 'E' del caso Imelsa investiga, entre otras, las adjudicaciones de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia de las obras de limpieza y acondicionamiento de la fachada de la Lonja de Valencia, las Torres de Quart y dos puentes históricos. También la construcción del Centro Cultural La Rambleta.

En esta pieza, abierta por los delitos de cohecho y prevaricación, hay 12 investigados, entre ellos la exconcejala de Cultura en el anterior equipo de gobierno del PP, María José Alcón, y el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. Se investigan ocho contratos públicos, sospechosos de irregularidades.

La ley establece que se considerará que la investigación es cmpleja cuando recaiga sobre grupos u organizaciones criminales; tenga por objeto numerosos hechos punibles; involucre a gran cantidad de investigados o víctimas; exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o que implique la realización de actuaciones en el extranjero, entre otras.

Según consta en la resolución judicial, "es posible discutir si una instrucción sobre 12 iniciales investigados y ocho contratos públicos justifica o no la declaración de complejidad y la posibilidad de instrucción en seis meses" pero señala que lo "trascendente" es que la instrucción y su desarrollo están en este momento condicionadas por el resultado de una pericial arquitectónica acordada, que es "múltiple" y requeiere del examen de "abundante documentación", como ha trasladado al juez el perito.

Para el instructor, esto es "suficiente" para justificar "legamente" la declaración de complejidad, que es procedente en este momento, según ha pedido el fiscal. En el supuesto de que la instrucción no hubiera concluido antes del final de la fecha, el ministerio público puede instar una nueva prórroga.