Por ejemplo, la asociación Amics del Carme ha denunciado que el pub Casavella, sito en la plaza del Carmen, continúa abierto a pesar de que el 9 de marzo un informe municipal, remitido a la Concejalía de Actividades, desveló que presenta irregularidades, sin que nada se haga al respecto.

Según este informe, el local no cumple ni con el plan de emergencia de extintores, ni de barreras arquitectónicas, ni de limitación de sonido, medidas de higiene y salubridad, ni con la señalización de salidas de emergencia.

No sólo Casavella es motivo de queja. Según explicó el abogado de la asociación, Andrés Morey, «en un principio presentamos diez reclamaciones en el Ayuntamiento por las molestias que ocasionaban varios locales». Pasaron los plazos legales y no se resolvió ninguna. Por ello «nos hemos visto obligados a demandar diez veces al Ayuntamiento por no actuar». El problema de la inactividad municipal que se da en el Carmen fue denunciado por el Síndic de Greuges (defensor del pueblo valenciano) en un informe sobre contaminación acústica.

En su último informe, el Síndic vuelve a la carga y, ante el caso de una discoteca que lleva dos años molestando, pide al Consistorio medidas contundentes y critica su ineficacia y «excesiva dilación» en sus actuaciones.

La pasividad por el ruido se paga

Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya condenó a España, en noviembre de 2004, a pagar una indemnización de 3.884 euros, más 4.500 euros por costes legales, a Pilar Moreno Gómez (vecina de Xúquer) por daños morales y materiales causados por la pasividad del Ayuntamiento y los tribunales ante el jaleo nocturno. Según la sentencia, «la contaminación sonora» viola el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La indemnización la pagó el Gobierno.

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