Una sentencia del Tribunal Constitucional anuló en 1989 unas oposiciones para la Consejería de Presidencia de la Junta de Extremadura, porque se aprobó el examen con menos de un 50%, es decir, con menos de 5 puntos sobre 10.

El próximo mes de noviembre la Comunidad Autónoma de Murcia sacará 828 plazas públicas a concurso y exigirá para aprobar un 33,3% del total, (2 sobre 6). Se trata de una medida excepcional firmada por Hacienda, UGT, CC.OO y Cemsatse para promover la estabilidad de los interinos.

CSI-CSIF ya ha denunciado el caso ante los tribunales, porque dice que va contra las bases generales.