Un juez de lo Contencioso Administrativo decidirá hoy si el Ayuntamiento de Madrid puede proseguir con el derribo de las viviendas ubicadas en la Cañada Real Galiana, tras la suspensión cautelar promovida por los afectados, la mayoría ciudadanos marroquíes y rumanos asentados en el kilómetro 14 de la carretera de Valencia.

Según Javier Baeza, párroco de la Iglesia San Carlos Borromeo, muchas personas, incluida la parroquia Santo Domingo de Guzmán ubicada en la zona, se han solidarizado con las víctimas de estos derribos tras conocerse la acción municipal y acudirán mañana a las 11 horas a la puerta de los juzgados situados en el 19 de la Gran Vía.

Aprovechando el recurso presentado por la abogada de las siete familias que recibieron un aviso de desalojo por derribo, estos colectivos, apoyados por Madres contra la Droga, intentarán concienciar en lo posible a la ciudadanía del drama de estas personas.

"Componente discriminatorio"

"Sólo fueron informadas siete familias y luego se derribó todo lo que se pilló. Se derribaron viviendas sin previo aviso, todos ellos marroquíes, y ahora parece que les toca a los rumanos, por lo que parece que hay un componente discriminatorio", manifestó Baeza, al tiempo que subrayó que hacia Vicálvaro hay "superviviendas" que no se tocan y terrenos a la altura de Valdemingómez, donde se ubica una gran empresa.

A juicio de Baeza, el éxito de la convocatoria de mañana daría tiempo a presionar para que, desde las Administraciones, se articulasen respuestas adecuadas para esta población.